La modernización del Estado se ha transformado en una pieza principal de la hoja de ruta del actual gobierno. En medio de ese proceso que lleva adelante esta administración, una encuesta de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), realizada en 38 países que pertenecen o están en proceso de asociación al bloque, reveló un deterioro en la percepción que tienen los ciudadanos chilenos respecto del Estado y los servicios que entrega.

El sondeo sobre “Determinantes de la Confianza en las Instituciones Públicas”, en el que Chile participa por segunda vez consecutiva, fue levantado en la etapa final del gobierno anterior (septiembre y noviembre de 2025) y mide el porcentaje de personas que declara una confianza alta o moderada en las instituciones públicas y cómo este porcentaje varía entre grupos sociodemográficos, según actitudes políticas y para distintos tipos de instituciones. A su vez, da cuenta de la satisfacción de la ciudadanía con los servicios públicos y sus percepciones sobre la toma de decisiones complejas.

En el caso de Chile, la encuesta revela que la confianza de las personas en el Estado se redujo desde un 30,4% registrado en el sondeo de 2023 a un 25,7% observado en 2025, lo que es una de las mayores caídas entre los países participantes del estudio dado a conocer recientemente por el foro internacional (ver infografía).

A nivel OCDE, por el contrario, un 40% promedio de las personas encuestadas declara tener confianza alta o moderada en el Estado, lo que es una cifra similar a la de 2023 (39,3%). A su vez, el porcentaje de personas con baja confianza o ninguna confianza (43%) supera al de quienes tienen alta o moderada confianza. En ocho países (Australia, Canadá, Islandia, Corea del Sur, Luxemburgo, México, Noruega y Suiza) una mayoría declara confianza alta o moderada en el Estado.

“La baja confianza de las personas en el Estado es un reflejo de la crisis de seguridad, económica y empleo que Chile viene enfrentando en los últimos años. Por tanto, necesitamos que el Estado vuelva a poner a las personas en el centro de las políticas públicas para así enfrentar esta desconfianza. Para eso, desde Hacienda, estamos trabajando en la agenda de modernización del Estado con el fin de subsanar problemas que enfrentan los ciudadanos en su vida cotidiana”, afirma el subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez.

Bajo este contexto, la autoridad destaca, por ejemplo, el proyecto de modernización del Ministerio de Bienes Nacionales que lleva adelante el gobierno, el que permitirá avanzar hacia un servicio digital que interopera con otras instituciones y permita dar respuestas a las necesidades de las personas.

El mismo estudio de la organización va más allá y mide la confianza en instituciones específicas. A nivel OCDE las instituciones de seguridad y justicia son las más valoradas: 66% confía en las Fuerzas Armadas, 63% en la policía, y 54% en el sistema judicial. En Chile estas cifras alcanzan a 55%, 49% y 24%, respectivamente. Asimismo, en la mayoría de los países del bloque la confianza en los gobiernos locales (46% en países OCDE) supera a la confianza en el gobierno nacional (40%), lo que ocurre también en Chile, donde estas cifras llegan a 33,1% y 25,7%, respectivamente.

Un fenómeno similar ocurre con la confianza en los funcionarios públicos del Estado, que alcanza un 45% a nivel OCDE. Sin embargo, en Chile la confianza en los funcionarios llega a 20%, lo que representa el nivel más bajo de los países de la OCDE y solo mayor que los países candidatos a integrar el conglomerado como Bulgaria y Perú.

Además, si se toman las naciones integrantes de la OCDE solo cinco países (Suiza, Noruega, Luxemburgo, Finlandia e Islandia) superan el 50% de confianza de las personas en el Parlamento. En Chile, por contrapartida, alcanza un 16,1% y junto con Eslovaquia, Costa Rica, Letonia, Francia, y Grecia (y los candidatos a integrar el bloque Bulgaria, Perú y Croacia), la confianza en el poder legislativo es menor al 25%.

En cuanto a los determinantes de la confianza en todos los países, el estudio muestra que las percepciones sobre la toma de decisiones respecto de problemas complejos de política pública constituyen el factor más fuerte asociado a la confianza en el gobierno nacional o el Estado.

Trámites del Estado

Pero la encuesta del foro internacional de naciones también indagó en la satisfacción que tienen los chilenos sobre los servicios administrativos o trámites públicos en país. Mientras en el sondeo de 2023 esta percepción llegó a 51%, en la encuesta del año pasado cerró en 48%. El promedio OCDE alcanzó el 68% en 2025 en este ítem.

Por otro lado, la mayoría de las personas de la OCDE se declara satisfecha con los servicios públicos esenciales como los sistemas de educación y salud, y los servicios administrativos o trámites en el sector público. Con todo, un cuarto de las personas en este conglomerado aún identifica la salud y otros servicios esenciales entre los tres más altos desafíos enfrentados por su país, y una proporción variable de la población permanece insatisfecha.

Si se analiza en particular la percepción sobre el sistema educativo, el 60% de las personas de la OCDE que han tenido contacto reciente con el sistema declara estar satisfecho (comparado con 51% entre quienes no han tenido contacto reciente). En 26 de los 33 países la mayoría de las personas usuarias se reporta satisfecha, destacando Finlandia y Suiza con 85% o más de satisfacción reportada. En Chile, en cambio, se reporta satisfecho con el sistema educativo un 43% de la población.

A su vez, en países de la OCDE el 54% de las personas que utilizaron servicios de salud en el último año están satisfechas (comparado con 48% entre quienes no han tenido contacto reciente). En Chile, 34% de las personas se reporta satisfecho con el sistema de salud.

En los 29 países OCDE participantes en las últimas dos versiones de la encuesta, se observa que la satisfacción con los sistemas de educación y salud aumentó. En el caso de Chile, la satisfacción varió de 41% a 43% respecto del sistema de educación y de 33% a 34% en el sistema de salud.

A nivel OCDE aproximadamente el 42% cree que los servicios públicos mejorarían si muchas personas se quejaran de su mal funcionamiento, 41% piensa que se adoptarían ideas innovadoras para mejorarlo y 40% cree que los servicios públicos se adaptarían a necesidades cambiantes de la sociedad. En Chile, estas cifras son 36%, 40% y 38%, respectivamente.

Asimismo, en la OCDE existe escepticismo respecto del manejo de conflictos de interés a nivel de gobierno, ya que solo un 32% considera que el gobierno resistiría las presiones de una empresa que promueve políticas favorables a su sector, pero perjudiciales para la sociedad en su conjunto. En tanto, en Chile 38% piensa que el gobierno resistiría tales presiones.

Inteligencia artificial y confianza

Por primera vez la encuesta incluye un módulo sobre las percepciones de las personas sobre el uso de inteligencia artificial (IA) por parte de las instituciones públicas. A nivel OCDE, el 35% de las personas cree que el gobierno de turno no cumplirá ninguna de las expectativas positivas planteadas respecto del uso de IA como proveer servicios más personalizados para satisfacer las necesidades de las personas, reducir costos, proteger datos personales del acceso no autorizado o mal uso, mantener supervisión y toma de decisiones humanas en áreas críticas, entre otros.

A su vez, en Chile, sólo el 31% de las personas dicen entender la IA lo suficiente como para explicárselo a alguien más. “Considerando que este año por primera vez se incluyó las percepciones de la ciudadanía sobre el uso de inteligencia artificial por parte de las entidades públicas en la encuesta, en la agenda de modernización la IA es un eje central, entendiendo su implementación como una herramienta al servicio de la gestión pública y no como fin en sí misma. La IA permite su uso para automatizar tareas operativas y repetitivas, liberando tiempo de los equipos para el análisis, la toma de decisiones, y sobre todo, para atender de forma más cercana y oportuna a la ciudadanía”, concluye el subsecretario Juan Pablo Rodríguez.