La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de amparo económico presentado por la Asociación del Retail Financiero -gremio que agrupa a empresas como Servicios Financieros (Lider - BCI), Hites, CMR Falabella, Dimarsa, SBPay, Cencosud, Spin y CAR Ripley, entre otras-, en contra de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel).

El gremio buscaba impugnar la resolución de Subtel que obliga a utilizar los prefijos telefónicos 600 y 809 para realizar llamadas masivas. Esta acción judicial fue parte de una nueva ofensiva del sector contra la medida regulatoria, que ha generado controversia en la industria.

En su fallo la corte sostiene que “este tribunal de alzada entiende que el recurso de amparo económico solo es procedente por vulneración a la norma contenida en el inciso segundo del N° 21° del artículo 19 de la Constitución, esto es, aquella que permite al Estado desarrollar o participar en actividades empresariales únicamente si lo autoriza una ley de quórum calificado, de modo que si se alega una vulneración al inciso primero de la citada norma, como sucede en la especie, la vía idónea es el recurso de protección que contempla el artículo 20 de la Ley Fundamental".

Añade que si “la norma constitucional que se dice conculcada es la del inciso primero del N° 21° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, los recurrentes han podido y debido deducir la acción de protección que contempla el artículo 20 del mismo texto".

Reacción del gremio

Luego de conocerse la resolución de la Corte de Apelaciones la Asociación del Retail Financiero señaló que analizará insistir ante la Corte Suprema.

“Tras una lectura preliminar podemos ver que la corte se refirió más bien a la forma que al fondo, lo que abre un espacio para evaluar la posibilidad de recurrir en segunda instancia, ante la Corte Suprema”, afirmó.

La medida comenzó su puesta en marcha el 13 de agosto y en el balance del primer mes del gremio, enviado a Pulso a mediados de septiembre, señala que ésta ha provocado una reducción de 40% en la contactabilidad de las unidades de cobranza para recuperar los créditos, lo que a mediano plazo podría generar un riesgo sistémico.