El 14 de abril, el ministerio de Minería publicó las bases de una licitación para contratar el servicio de monitoreo y seguimiento de prensa o clipping, para “acceder a las publicaciones en medios de comunicación social relacionados con el ministerio, la industria, las políticas y sus beneficiarios”. La apertura de ofertas económicas estaba prevista para el 24 de abril y su adjudicación, para el 11 de mayo.

Pero la licitación fue suspendida. Antes de la recepción de ofertas, la Asociación Nacional de Prensa (ANP) ingresó un reclamo al portal de Mercado Público manifestando su preocupación por la licitación y por concursos públicos de diversos organismos en general y por “la falta de regulación, en las bases de licitación, de mecanismos que permitan al Estado cautelar el cumplimiento de diversas normas de propiedad intelectual, así como evitar la comisión de infracciones a la Ley N°17.366, de Propiedad Intelectual”, resume la resolución que paralizó la licitación.

La ANP alertó por “posibles sanciones civiles y penales respecto de los contenidos periodísticos (notas de prensa escrita, digital, radio y televisión) que se reproducen, almacenan en plataformas con buscador, se pueden descargar en archivos y se distribuyen masivamente por boletines electrónicos y mensajería”.

La jefatura de la División Administración y Finanzas de la Subsecretaría de Minería, dirigida por Alejandro Ramírez, decidió el 28 de abril revocar la resolución que convocaba a la licitación, hasta analizar los efectos del reclamo de la ANP. “En atención al tenor de la reclamación recibida por el portal, se hace necesaria una revisión detallada de la normativa de la Ley N°17.336 y su implicancia en procesos de licitación de servicios de monitoreo de prensa”, dice la resolución de Minería. La autoridad plantea que debe realizar un estudio de las condiciones de mercado y jurídicias, ya que, entre otras cosas, no existen “lineamientos de la Dirección de Compras Públicas y la Contraloría General de la República”. Y que deberá “revisar y si es pertinente, modificar las bases de licitación”.

La decisión de Minería es hasta ahora singular: numerosos organismos del Estado contratan estos servicios de clipping que, ha sostenido el exsenador Felipe Harboe, explotan “una obra ajena -obteniendo un beneficio económico directo de ella- sin contar con licencia del titular”.

En Mercado Público, numerosos instituciones públicas registran en años recientes con contratos servicios de clipping: desde la Fiscalía Nacional Económica hasta casi todos los ministerios; desde el Instituto Nacional de Estadísticas, el Consejo de Rectores hasta municipalidades del país; desde el Ejército hasta la Biblioteca del Congreso Nacional.

Sebastián Zárate, secretario general de la Asociación Nacional de la Prensa, comentó que la ANP “ha estado llamando a las autoridades y al sector privado a tener conciencia respecto de los servicios que se adquieren sin exigir la licencia y pagos de derecho de autor previos. Sabemos que esto es un cambio cultural, y tal como ocurrió en otros tipos de creaciones intelectuales y artísticas, debe configurarse como un deber ético”.

Zárate agregó que “en el caso de la administración del Estado, creemos que la adquisición, a sabiendas, de material sin contar con la licencia respectiva, es una clara falta al deber de probidad. Así lo hemos hecho saber a la Contraloría General de la República”.