En septiembre pasado, diputados del partido Unión Demócrata Independiente (UDI) ingresaron un proyecto de ley sobre medidores inteligentes. El fin de aquella moción es que las distribuidoras de energía sean las propietarias y responsables de los dispositivos de medición remota.

Incluso, que sean ellas las que deban instalar los medidores, “por su cuenta y riesgo”, dice la iniciativa que se encuentra en su primer trámite constitucional. Algunos de los diputados que impulsan el proyecto son Marco Sulantay, Eduardo Cornejo y Flor Weisse, entre otros.

Por ello, y para entregar su visión sobre el tema es que el biministro de Economía y Energía, Álvaro García, participó este miércoles de la comisión de Minería y Energía de la Cámara. En la ocasión, García reveló el costo que tendría la implementación de los dispositivos.

“La estimación que nosotros tenemos del costo de instalación de medidores inteligentes para el conjunto del universo de clientes asciende a US$3.000 millones, lo que equivale a casi la mitad del valor de todas las inversiones que tiene el sistema de distribución eléctrico en la actualidad. Por lo tanto, es completamente imposible que las empresas absorban esos costos sin trasladarlo a los clientes", esbozó García.

La autoridad energética agregó que “lo que no parece viable ni en Chile ni en el mundo, es exigirle a las empresas que hagan inversiones muy cuantiosas y significativas como esta, sin que puedan traspasar esos costos a los clientes. Además, hay que tener presente de que hay varias iniciativas parlamentarias en esta misma dirección. Recién la semana pasada me tocó participar en la comisión de Minería y Energía del Senado, donde había un proyecto de ley que obligaba a las empresas a soterrar los cables a su costo, sin traspasarlo a los clientes. La suma de esta sola iniciativa haría inviable las empresas eléctricas. Pero si además le seguimos sumando iniciativas a costo de la empresa, no vamos a tener empresas interesadas en ofrecer el servicio”.

Hasta comienzos de 2018, era el cliente el dueño del empalme y el medidor. Fue con la Ley 21.076, de inicios de ese año, que esto cambió. La situación causó gran revuelo, porque la ciudadanía no fue advertida respecto de que los costos de estos dispositivos corrían por su cuenta a través de las tarifas. El proyecto de la UDI alude justamente al artículo clave: 139bis.

El proyecto de ley modificaría la Ley General de Servicios Eléctricos con este artículo: “Asimismo, serán de propiedad y responsabilidad de la concesionaria del servicio público de distribución o de aquel que preste el servicio de distribución, los dispositivos de medición remota que deberá instalar por su cuenta y riesgo, conforme a las exigencias que determine el reglamento”.

García concluyó señalando que su “expectativa es que el país avance hacia la instalación de medidores inteligentes, pero ello en un contexto de certeza regulatoria, de conocer la permanencia del sistema regulatorio existente o la fórmula por la cual se va a optar para modificarlo”.