La crisis laboral que atraviesa el país golpea de forma especial a determinados sectores de la población, entre los que se encuentran las personas con discapacidad.

Según un estudio desarrollado por la Fundación Luz con datos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen), las personas con discapacidad presentan mayores tasas de desocupación, perciben menores ingresos y alcanzan niveles educativos más bajos que las personas sin discapacidad.

Sin embargo, el estudio plantea que existe una relación entre educación, nivel de empleo y los ingresos de las personas con discapacidad, y que la inclusión educativa y laboral puede tener un impacto directo en la economía.

“La inclusión educativa no debe ser gestionada como un gasto social pasivo, sino como una política de desarrollo que permita aprovechar el capital humano hoy excluido”, dice el estudio.

De acuerdo con las cifras presentadas, entre los adultos de 18 a 59 años que presentan algún tipo de discapacidad, un 49,2% se encuentra ocupado, mientras que un 7,3% está desocupado y un 43,5% permanece inactivo.

Con respecto a los ingresos generados de manera autónoma, el 20% de los adultos discapacitados se ubican en el tramo de ingresos correspondiente al sueldo mínimo, entre $500.000 y $599.999. Aunque el 42% percibe ingresos propios por debajo de este monto, destaca especialmente que el 23% de los adultos mayores con discapacidad genera menos de $99.999 por sus propios medios.

A su vez, los bajos ingresos se relacionaran directamente con mayores transferencias monetarias provenientes del Estado. Las transferencias por montos más altos se concentran entre las personas mayores, donde un 82% recibe entre $200.000 a $299.999.

Al igual que en el caso de las personas sin discapacidad, las brechas de ingresos pueden explicarse por las brechas educacionales, pero en el caso de las personas discapacitadas esta diferencia se dramatiza.

El 23,3% de las personas que presentan algún tipo de discapacidad no completaron la educación básica, frente al 6,5% de aquellas sin discapacidad. Respecto a la educación superior, sólo el 10,7% de las personas con discapacidad cuentan con educación superior completa, y a penas el 23,7% concluyó la educación media. Además, un 7,1% no ha recibido educación formal.

Si bien, un mejor nivel educativo mejora la inserción laboral, los datos evidencian que la condición de discapacidad implica una brecha persistente en el acceso al empleo que no se revierte incluso en los niveles más altos de formación.

Un 81,8% de las personas sin discapacidades con título técnico o profesional se encuentran ocupadas, frente a sólo un 51,5% en el caso de las personas con discapacidad.

En niveles educacionales más bajos esta diferencia se acentúa aún más. Mientras un 42,7% de las personas con discapacidad que no completaron su educación media se encuentra ocupada, en el caso de las personas con discapacidad y con el mismo nivel de educación sólo el 17,6% se encuentra ocupada.

Alicia Albornoz, directora ejecutiva de Fundación Luz, explica que “esta brecha no solo limita las oportunidades laborales y la autonomía de las personas, sino que genera una dependencia del Estado, entendido como un prestador de servicios y transferencias. De hecho, la mediana de los subsidios que recibe una persona con discapacidad que no ha completado su escolaridad coincide con el monto de la Pensión Básica de Invalidez”.

La Fundación Luz se originó hace 102 años en una iniciativa de Ester Huneeus, escritora conocida por su seudónimo Marcela Paz.

Inclusión educativa

El estudio de la Fundación Luz plantea que la educación actúa como un motor de empleabilidad, generando una relación directamente proporcional entre nivel educacional y empleabilidad.

La inclusión educativa permite aprovechar el capital humano que representan las personas con discapacidad, cuya exclusión del mercado laboral significa una pérdida económica.

Un mayor nivel de escolaridad también permite el desplazamiento de las personas con discapacidad hacia tramos de más altos ingresos. Según estimaciones de la fundación, si las personas con discapacidad que no terminaron la escolaridad obligatoria lograran finalizar la educación media se daría una inyección de aproximadamente $1.001.690 millones en sus ingresos anuales autónomos, y de $4,2 billones anuales si completan su educación superior.

A nivel fiscal,la inclusión educativa puede representar un ahorro de alrededor de $1,82 billones al año si las personas con discapacidad alcanzan un nivel de estudios profesional. Esto sólo por la menor necesidad de pago de subsidios.

Adicionalmente, el estudio destaca que los efectos de ahorro fiscal pueden ser aún más notorios si se consigue la paridad de condiciones entre personas con y sin discapacidad.

En caso de darse dicha condición, esto significaría una inyección de recursos a la economía estimada en $9,4 billones de pesos anuales.

Por su parte, condiciones de paridad total representarían un ahorro de $3,1 billones al año, siendo esta “la estrategia de eficiencia pública más rentable para el país”.

Pese a que Albornoz asegura que “la discusión no puede centrarse únicamente en el ahorro del Estado”, explica que los recursos ahora destinados a subsidios pueden reorientarse “hacia accesibilidad, formación, tecnología y apoyos en los contextos escolares, que son justamente las condiciones que las personas necesitan para lograr una participación en igualdad de condiciones”.

Eso sí, los antecedentes indican que la inclusión educativa por sí misma no es suficiente, “lo que evidencia la necesidad de políticas complementarias —como incentivos al empleo y la eliminación de barreras físicas y actitudinales— que potencien el impacto de la formación en los ingresos y el bienestar de las personas con discapacidad".