El jueves de la semana pasada Inmobiliaria Inversiones y Asesorías Kori Wasi solicitó voluntariamente su quiebra debido a una serie de deudas directas e indirectas que suman $3.264 millones con quince entidades distintas, dentro de ellas cinco bancos.

Según la solicitud de liquidación, el flujo de ingresos de la empresa dependía esencialmente de la colocación de inmuebles en el mercado, el acceso a financiamiento en condiciones competitivas y el cumplimiento regular de las obligaciones por parte de arrendatarios y contrapartes comerciales.

Pero la firma se vio envuelta en un “descalce estructural entre los flujos de entrada y las obligaciones financieras exigibles, especialmente aquellas derivadas de créditos”, por lo que contrajo deudas superiores a los $3.200 millones, tanto directas como indirectas.

De acuerdo con el informe de estado de pago de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), $602.015.898 del total corresponde a una deuda vigente, $16.015.489 con más de un mes de atraso, $11.802.087 con más de dos meses de atraso y el grueso de la deuda, correspondiente a $2.634.696.422, posee más de tres meses de atraso.

En el listado de acreedores, los mayores montos se concentran en cuatro bancos. En primer lugar, mantienen una deuda con Banco Santander por $2.099 millones, también con Banco Itaú por $342 millones, con Banco Estado por $196 millones y con Banco de Chile por $54 millones. Esto representa el 98% del total.

Si bien la sociedad intentó tomar medidas para mitigar la situación financiera en la que se vio envuelta, como renegociar la deuda con sus acreedores, reestructurar sus pasivos, enajenar sus activos y reducir los gastos operacionales, dichas gestiones “no lograron restablecer el equilibrio financiero ni generar liquidez suficiente para dar cumplimiento oportuno a sus obligaciones exigibles”, planteó.

Representada por Cynthia Gamboa y Juan Guillermo Jarufe, la Inmobiliaria Inversiones y Asesorías Kori Wasi fue constituida en octubre de 2007 e inscrita con el objetivo de inversiones de capital, dentro de ellas la compra de inmuebles para arrendarlos, así como realizar asesorías y consultorías comerciales.

En 2023 firmaron una transformación de la sociedad donde cambiaron su estructura jurídica, pasando de ser una por responsabilidad limitada, a una sociedad por acciones. Mientras en la constitución original el capital era de $40 millones dividido en dos partes, pasó del mismo capital, pero a distribuirse en 2 mil acciones en partes iguales.

En el documento enviado al 16° Juzgado Civil de Santiago, dieron cuenta de un estado de “insolvencia irreversible” producto de la crisis económica pospandemia, el alza en las tasas de interés y la baja demanda en el sector inmobiliario.

“A partir del año 2020, comenzaron a manifestarse condiciones adversas en el mercado inmobiliario y financiero nacional, caracterizadas por una contracción de la demanda, un incremento sostenido en las tasas de interés, mayores restricciones al crédito y una disminución en la velocidad de colocación de activos inmobiliarios, todo lo cual impactó directamente en la liquidez proyectada por la sociedad”, se lee en la solicitud patrocinada por la abogada Consuelo Barahona.

Por todo ello, “atendida la magnitud del pasivo, la ausencia de liquidez, el deterioro de la capacidad de generación de ingresos y la inexistencia de financiamiento disponible, la sociedad carece de viabilidad económica para continuar operando como empresa en marcha”, de acuerdo al documento presentado.