El Banco Central rayó la cancha. En el Informe de Política Monetaria publicado el miércoles el BC realizó un estudio donde cuantificó el impacto que han tenido las políticas laborales del gobierno y en especial del aumento del salario mínimo en la creación de empleo y en la tasa de desempleo.

Actualmente el salario mínimo se ubica en $529 mil y en enero del 2026 subirá a $539 mil. La próxima negociación será abril de ese año, ya que el nuevo monto debe comenzar a regir desde el 1 de mayo de ese año y la deberá asumir el próximo gobierno que asuma en marzo.

Hasta ahora la única candidata que tiene una propuesta de salario mínimo es la abanderada del oficialismo y la DC, Jeannette Jara, quien dijo que en cuatro años se buscará llegar a $750 mil, pero no será un salario mínimo propiamente tal, sino que un ingreso vital, el cual se nutrirá de varios componentes, entre ellos subsidios y apoyos estatales. El resto de los candidatos no han fijado montos.

Más allá de quien llegue a gobernar será un tema clave para quien llegue a La Moneda. Esto considerando el informe del Banco Central que alertó del impacto del alza del salario mínimo y los niveles de desempleo actuales. En el trimestre mayo-julio la tasa se situó en 8,7%, que en términos comparativos se ubica por sobre el promedio de la última década.

Si bien todavía falta bastante para que se comience a debatir y negociar, los diputados ya comienza a fijar posturas con respecto a cómo debería ser esa nueva alza.

Por ahora, en la oposición la mirada mayoritaria apunta a que se debe tomar en cuenta la alerta que levantó el Central y por lo mismo mientras no haya una recuperación del empleo ni de la productividad, el reajuste debe ser solo por IPC.

Felipe Donoso, diputado de la UDI, dijo que “seguramente no debiera subir más que el IPC mientras no logremos bajar el nivel de desempleo. Se deben buscar medidas que generen empleo y recuperar un millón de empleos durante los próximos 4 años debe ser la meta”. Sobre la próxima negociación dijo que “debiera ser mucho más técnico que demagógico”.

Visión similar entrega el diputado republicano, Agustín Romero, quien dijo que “en este debate no se trata solo de pensar en los trabajadores que ya tienen empleo, también debemos considerar a los cesantes y a quienes se encuentran en la informalidad laboral, por quienes nadie habla y que son los más golpeados cuando las malas políticas destruyen oportunidades”.

Por eso, plantea que “la próxima negociación debería ser técnica, y lo que parece lógico es que los reajustes se ajusten a la inflación, hasta que tengamos un crecimiento y una productividad que respalden un aumento mayor”.

También dice que para la próxima negociación “se podría explorar un sistema de gatillos, donde tales aumentos vayan asociados a variables objetivas como empleo, inflación y crecimiento”.

Otro que está en esa misma dirección es el diputado RN Frank Sauerbaum, quien sostiene que “los próximos ajustes al salario mínimo debieran estar enfocados básicamente para cubrir la inflación y también en directa relación con la productividad de los trabajadores. Por eso hemos sostenido que es importante que no solamente hablemos de alza de salario mínimo, sino que también de la productividad de los trabajadores mejorando los niveles de capacitación y escolaridad”.

Y el diputado exRN y hoy en la bancada republicana, Miguel Mellado, es partidario de crear una mesa de conversación entre los gremios y los trabajadores para “mirar el futuro del país y llegar a un acuerdo de largo plazo. Ya no más pirquineo anual de cada gobierno, sino que aquí hay tres partes involucradas que son incumbentes que deben sellar un acuerdo de largo plazo teniendo en cuenta todas estas advertencias”.

En el oficialismo, Juan Santana (PS) sostiene que “cuando una política tiene impacto directo en las personas, como la fijación del salario mínimo, no puede ser una discusión meramente técnica, debe siempre considerar un aspecto social que sólo lo recoge la política”. Sobre el estudio del BC dice que “el desempleo que comenta el BC es un problema global y multifactorial, que en ningún caso puede atribuirse a un único factor. Ese aspecto mencionado por el informe, yo no lo comparto”.

Lo que dijo el Central

En su análisis, el Central detalló que una actualización del estudio titulado “Efectos en el mercado laboral de cambios recientes en el salario mínimo”, presentado a fines del 2024, indica que, en promedio entre marzo de 2023 y abril de 2025, “los salarios de las empresas con más trabajadores afectos al salario mínimo crecieron 4,8% más que los de empresas con menos trabajadores afectos. Al mismo tiempo, el empleo de esas empresas cayó en promedio 5,6% respecto del empleo de las menos afectadas”.

Así, el BC expuso que “a partir de este ejercicio se observan dos hechos adicionales. En primer lugar, la composición del empleo de las empresas más afectadas mutó hacia una mayor proporción de trabajadores con educación superior. En segundo lugar, el impacto se observa en distintos sectores económicos y tamaños de empresas”.

Según estas estimaciones, “un incremento real del salario mínimo similar a lo observado desde 2023 provoca una caída de aproximadamente 1,5% en el empleo asalariado formal y un impacto algo menor en el empleo total”. Una segunda metodología indica que, en el período 2022-2025, “las medidas legislativas han aumentado tanto los salarios promedio como la tasa de desempleo.

Respecto a los primeros, el efecto en el nivel del salario real ha sido del orden de 1,1%, en promedio, cuando se consideran todas las políticas, y de 0,85%, cuando se considera solo el salario mínimo”. En el desempleo, se estima un aumento de hasta 0,3pp respecto de su nivel de largo plazo. Estas estimaciones no incluyen el efecto que las medidas legislativas pudiesen haber tenido sobre la tasa de desempleo de referencia que ha aumentado en los últimos años.

Y este jueves el consejero del Banco Central, Claudio Soto, refrendó lo indicado en el informa, afirmando en el canal 24 Horas que “el efecto está. Ahora, uno puede discrepar de los efectos macroeconómicos, pero para llevar esto a números macro hay que hacer una serie de supuestos y uno puede discutir respecto de los supuestos, pero de que hay algún efecto, sí hay algún efecto”.

La discrepancia de Boric

En un hecho inédito, el Presidente Gabriel Boric, discrepó públicamente con las conclusiones que arrojó el estudio de BC: “Tengo una discrepancia respecto a la visión que plantearon en el Ipom, sobre las consecuencias de políticas sociales que han sido importantes, como el aumento del salario mínimo, en particular esa, y su relación con el desempleo”, dijo el presidente Boric en entrevista con UChile TV.

Y lejos de considerar que esta medida está teniendo efectos en el empleo, dijo que estaba “orgulloso de que, en nuestro gobierno, cuando llegamos, el salario mínimo era de $350 mil y ahora está en el orden de $510 mi ($529 mil)”, comentó y añadió que “eso es un aumento real, no nominal, del orden del 35%, es muy significativo. Y he visto cómo le ha mejorado la calidad de vida a muchos”, agregó.

El Presidente Boric defendió la medida estimando que el alza en el sueldo mínimo “genera un incentivo a la formalización”. “En Chile tenemos un desafío respecto a la formalidad y la informalidad, y la creación de puestos de trabajo con salarios mínimos más altos empuja a la formalización”, sostuvo.

La autonomía del BC

Pese a plantear una discrepancia con el Banco Central, el Presidente Boric defendió su rol como institución y su participación en la discusión laboral. “Es una cuestión totalmente debatible, que me parece legítimo poner en el debate”, dijo sobre los comentarios del ente emisor en el último Ipom.

“Podemos tener visiones encontradas, pero es parte del legítimo debate y yo creo que, con el término del binominalismo en Chile, se ha también ensanchado la visión política que existe desde las instituciones, que antes estaba bastante acotada”, agregó.

En esa línea, el Presidente Boric descartó que exista una necesidad de cambiar la composición de organismos como el Banco Central. “Es cierto que esas ambiciones (políticas) conviven. Yo, como una persona de izquierda que no comparte la ideología neoliberal, cuando me ha tocado nombrar a personas en el Banco Central, lo he hecho con otro criterio, para tratar de ampliar la visión que existe allí. Ahora, es evidente que esto tiene sesgo político. La economía es política también”, dijo ante la consulta sobre si es necesario “ampliar las miradas ideológicas de los técnicos” en el escenario que “siempre designan al más neoliberal especialista”.

Y apuntó que “no creo que Stephany Griffith-Jones, que es la persona que nosotros nombramos en el Banco Central, sea neoliberal. Ella, de hecho, ha sido una de las grandes impulsoras del Banco del Desarrollo, en todo el debate académico y ahora en la práctica con la discusión de Afide (Agencia de Financiamiento e Inversión para el Desarrollo) “, agregó.