El escenario fiscal para este año es complejo, dado los menores ingresos que está teniendo el país para hacer frente a los gastos comprometidos. Debido a esta situación, el gobierno anunció un plan de ajuste fiscal en la Ley de Presupuestos 2025 de $544.000 millones (US$555 millones); más otros ajustes específicos, revisiones de gasto y otras materias por $552.840 millones (US$564 millones). Todo ello suma $1.096.840 millones, unos US$1.199 millones.

A lo anterior adicionó medidas legislativas de recortes, que incluyen recursos por $851.813 millones, unos US$870 millones. En total, de cumplirse, se trataría de un ajuste que ascendería a $1.948.653 millones (unos US$1.990 millones).

Pero todo indica que esto no se concretará a cabalidad, por lo que no será suficiente para reducir el déficit fiscal estructural del país, con lo cual se anticipa que el próximo año el gobierno que asuma deberá hacer un ajuste inicial de al menos US$1.000 millones.

Dado este escenario de fuerte estrechez, un elemento clave para definir el marco de acción del gasto público será el Presupuesto 2026, que debe elaborar el Ministerio de Hacienda.

Este erario fiscal será el último de la administración Boric, pero que deberá ejecutar en plenitud el próximo gobierno.

Y el trabajo de su diseño ya se echó a andar. Así, el 30 de abril recién pasado, el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección de Presupuestos (Dipres) dio el puntapié inicial al enviar a todos los ministerios las instrucciones para formular el proyecto de ley de Presupuestos 2026.

El oficio, que ya está en manos de cada repartición, define entre otras instrucciones un límite máximo de gasto a nivel de partida presupuestaria, razón por la cual se señala que “deberán priorizarse las solicitudes, prevaleciendo la incorporación de los gastos que aseguren el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones legales y contractuales vigentes de la cartera”.

En lo central, este instructivo es el primer rayado de cancha de la iniciativa y plantea que los ministerios y servicios al momento de elaborar sus propuestas para el Presupuesto 2026 deberán considerar como gasto máximo el 98% de su presupuesto asignado para este año, más el reajuste de remuneraciones del sector público aprobado en diciembre y posterior al ajuste de $544 mil millones mandatado por el Congreso. El año pasado ese límite fue muy similar, de 97,5%.

Una innovación que se establece este año es que por primera vez se incluye un listado de 35 leyes en implementación, como por ejemplo la Reforma de Pensiones o la que crea el Ministerio de Seguridad, y se detalla que éstos serán los únicos espacios de crecimiento respecto de ese límite de 98%.

Además, el documento detalla que “acorde con lo anterior, en el caso que un ministerio presente un proyecto de presupuesto que no cumpla con esta restricción, éste no será analizado hasta que se presente una nueva versión ajustada”.

Gasto en personal

En el instructivo se señala que el gasto en personal incluye el costo de la dotación financiada en la Ley de Presupuestos año 2025, descontados los gastos cuyos límites máximos están establecidos en glosas y el ajuste mandatado por el Congreso Nacional. Sin perjuicio de lo anterior, se precisa que “podrán solicitarse reasignaciones de cupos y de financiamientos al interior de la partida, acorde con las readecuaciones de las capacidades institucionales que se requieran”.

Según explican en el gobierno, esto se traduce en que, “en un contexto de restricción fiscal, se está asegurando la continuidad operativa de los servicios públicos, lo que implica asegurar que al menos se mantendrá la dotación actual del sector público. Y, adicionalmente, existe una instancia para incorporar todos los gastos que correspondan –incluyendo personal- asociados a la implementación de las 35 leyes que se detallan en el anexo al oficio”.

También la petición de presupuesto para viáticos y horas extras no podrá exceder del 90% del monto contemplado en la Ley de Presupuestos 2025 para estos fines, lo que implica que el gasto para ambos conceptos disminuirá respecto del año en curso.

En otro ítem se puntualiza que “el gasto en bienes y servicios de consumo considera el nivel suficiente que permite mantener la operación regular de las instituciones, en un marco de estrechez fiscal, descontados los gastos por única vez, los gastos cuyos límites máximos están establecidos en glosas y el ajuste mandatado por el Congreso Nacional".

El oficio plantea, además, que “para seguir avanzando en mejorar la calidad del gasto público en cuanto a pertinencia, eficacia y eficiencia, los servicios públicos deberán revisar su oferta programática vigente”.

Añade que “para estos fines, los programas que se reformulen deberán presentar sus diseños al proceso de evaluación ex ante para obtener un informe de recomendación antes del cierre del proceso de formulación presupuestaria, de modo que sea un insumo para la toma de decisiones en dicho proceso”.

En línea con lo realizado el año pasado, el oficio enfatiza que “para el proyecto de ley de Presupuestos 2026 no se consideran recursos para programas nuevos, ya que la prioridad está en la consolidación de la oferta programática existente”.

El plazo para que cada ministerio envíe a la Dirección de Presupuestos sus propuestas de presupuesto 2026 es a más tardar el 30 de mayo, las que serán analizadas por Hacienda y seguirán las etapas habituales para presentar la iniciativa al Congreso Nacional a fines de septiembre.