Registro Civil descarta cualquier tipo de vulneración a información de chilenos tras cuestionamientos a licitación de cédulas y pasaportes

El Registro Civil aseguró a través de un comunicado que el proceso de licitación cuenta con bases y modificaciones “debidamente aprobadas por la Contraloría General de la República”. Y aseveró que se han seguido todas las recomendaciones de la OCDE en la materia.


En medio del controversial proceso de licitación del nuevo sistema de identificación iniciado por el Registro Civil, la entidad administrativa emitió una declaración en la cual hizo un llamado a “evitar pronunciamientos sobre la conveniencia de una u otra oferta”, ya sea por parte de autoridades o funcionarios públicos “que no se ciñan a lo estrictamente establecido en este proceso internacional”.

Esto, “considerando que los oferentes presentan reclamaciones según el procedimiento establecido en el proceso, con la finalidad de hacer prevalecer su propia propuesta por sobre las otras, de acuerdo a sus antecedentes e intereses”, según indica el documento.

De esta manera, desde el Registro Civil aseguraron que el proceso de licitación iniciado a finales de abril de este año -y que aún se encuentra en pleno desarrollo- cuenta con bases y modificaciones “debidamente aprobadas por la Contraloría General de la República”. Y aseveraron que se han seguido todas las recomendaciones de la OCDE en la materia.

Por otra parte, desde la entidad destacaron el establecimiento de “exigencias extremadamente rigurosas” a los oferentes, quienes tendrán que comprobar un grado de experiencia respecto a la emisión de una gran cantidad documentos de identificación. Esto, de acuerdo a los más altos estándares a nivel mundial, según indicaron.

Asimismo, aseveraron que “el nuevo modelo tendrá los más altos estándares en materia de seguridad de la información y manejo de datos personales”. Por lo que la base de datos estará encriptada, manteniendo así oculta la información de la población.

Desde la entidad firmaron que el acceso a esta data será posible a través de la utilización de una llave que solo será conocida por el Servicio a cargo.

Y detallaron que “quedará absolutamente prohibida la posibilidad de que pueda el proveedor oponer alguna norma de confidencialidad interna u otra legislación para oponerse a las auditorías”. Así, se vela por el estricto cumplimiento de la normativa nacional e internacional que exige este nuevo modelo en seguridad de la información, cualquiera sea el la empresa o consorcio que se adjudique esta licitación.

Finalmente, desde el Registro Civil precisaron que el proceso de licitación se está llevando a cabo bajo el cumplimiento de “los mayores estándares de probidad y objetividad”. Esto, con la idea de implementar un “modelo de identificación que tenga los mejores estándares de calidad y seguridad a nivel mundial, y con la mayor eficiencia para la ciudadanía”.

La carta de Aisino

El comunicado del Registro Civil se da a conocer tras una serie de polémicos dichos emitidos por el Diputado Jaime Naranjo en contra de la multinacional Aisino. En entrevista en radio La Clave, el parlamentario dijo que una eventual adjudicación de la licitación por parte de la empresa china, “pone en riesgo la seguridad nacional, sobre todo los datos privados de cada chileno”.

Uno de los principales fundamentos detrás de los cuestionamientos de Naranjo, es que el Registro Civil habría modificado las bases de la licitación cerca de la fecha de entrega de propuestas, con el objeto de no hacer necesaria la presentación de los documentos de muestra, lo que habría favorecido a Aisino.

Sin embargo, y según una carta que Pulso dio a conocer este jueves, la empresa respondió al parlamentario que “la Unión Temporal de Proveedores (UTP) que lidera Aisino sí elaboró los ejemplares de muestra y cumplió con entregarlos oportunamente al SRC tal como señalaban originalmente las Bases de Licitación”. Y descartó un eventual beneficio.

Actualmente, el concurso se encuentra en etapa de análisis de 5 ofertas internacionales que buscan adjudicarse la fabricación de las cédulas de identidad y pasaportes de los próximos 10 años.

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