
Técnicos coinciden con Osvaldo Macías y llaman a crear un gobierno colegiado en la Superintendencia de Pensiones
Economistas y exreguladores están de acuerdo con el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, respecto de que la entidad debe pasar de un organismo unipersonal a uno colegiado, sobre todo ahora que tendrá más responsabilidades y atribuciones con la reforma previsional.

“Es importante mejorar el gobierno corporativo de la Superintendencia (de Pensiones). Hay decisiones demasiado importantes que recaen en una sola persona y yo creo que ese no es el mejor esquema”. Así se manifestó la semana pasada el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, cuando recién se conoció que fue nombrado de nuevo para ese cargo, iniciando así su cuarto periodo al mando de la entidad.
Los expertos coinciden con Macías en que es necesario mejorar el gobierno corporativo del regulador, pasando de una autoridad unipersonal a un órgano colegiado, sobre todo en un contexto en que tendrá que tomar más decisiones y de mayor relevancia para el sistema, tras la reforma previsional que en enero aprobó el Congreso.
De hecho, esta propuesta también fue hecha por la mesa técnica que se creó en el marco de la reforma previsional, donde los expertos que representaban a distintos partidos políticos consensuaron, en el primero de sus informes, que era necesario modernizar la Superintendencia de Pensiones (SP).
En ese documento propusieron que “se transforme en una Comisión de Pensiones, órgano autónomo, de carácter técnico y con dirección colegiada radicada en un consejo de cinco integrantes, siguiendo el modelo establecido para la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Se sugiere también darle más flexibilidad, atribuciones y recursos. Estos mayores recursos no solo financiarían el directorio sino que deben estar acordes a las mayores responsabilidades que esta institución asume producto de los cambios que introduce el proyecto. Esto se conversó entre los comisionados y hubo acuerdo en que era un cambio necesario”.
La economista Cecilia Cifuentes, académica de la Universidad de los Andes, concuerda con lo que planteó Macías respecto de reforzar el gobierno corporativo, “porque la Superintendencia pasa a tener roles muy relevantes, primero en la implementación y después en lo que sigue de la reforma. La Superintendencia aumenta mucho la importancia que tiene dentro del sistema”.
Cifuentes, en todo caso, aclara que no le parece correcto “que deba ser la CMF la que deba tomar ese rol. Yo creo que se podría adoptar una estructura de gobierno colegiado en la SP también. Ojo, que todo tiene costos y beneficios, porque el gobierno colegiado a veces también hace más lento el proceso de toma de decisiones, pero creo que en este caso sería un cambio positivo avanzar en esa dirección”.
Por su parte, el investigador del CEP, Gabriel Ugarte, estima que “es importante fortalecer el gobierno corporativo de la SP, especialmente ahora que ya se aprobó la reforma, donde se le entregan más atribuciones, y se le asigna un rol clave en la fiscalización del nuevo Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP)”.
Agrega que “hoy la SP no está completamente aislada de las mayorías circunstanciales, lo que podría afectar su autonomía. Aunque su autoridad máxima se designa por Alta Dirección Pública, el Presidente puede reemplazarlo al inicio de su mandato o pedir su renuncia y convocar un nuevo concurso. Esto deja un espacio abierto a interferencias, lo que no es deseable cuando se trata de fiscalizar una entidad pública autónoma que manejará parte importante del ahorro de los trabajadores”.
En ese contexto, Ugarte estima que “avanzar hacia un gobierno colegiado —como el de la CMF— es una buena alternativa. Ello le proporcionaría mayor estabilidad institucional, independencia frente al ciclo político y una supervisión más técnica y deliberativa, elementos clave para asumir las nuevas atribuciones que le entrega la recientemente aprobada reforma de pensiones".
El exsuperintendente de Pensiones y exsuperintendente de Valores y Seguros, Alejandro Ferreiro, hoy director y asesor de empresas, también está de acuerdo en que debería ser un órgano colegiado, “especialmente porque tendrá que supervisar a entidades públicas. No es razonable que un superintendente de designación presidencial (aunque sea por ADP) pueda tener la independencia necesaria para supervisar entidades públicas como el FAPP”, sostiene.

Número de integrantes
Si bien hay consenso entre los expertos de que es necesario pasar a un órgano colegiado, no hay acuerdo respecto al número de integrantes. Mientras algunos hablan de cinco consejeros como ocurre hoy en la CMF, otros creen que bastaría con tres. De hecho, cuando se tramitó el proyecto de ley que creó la CMF en el Congreso, se evaluó la posibilidad de que fueran tres consejeros en vez de cinco, dada la dedicación exclusiva que tendrían.
Finalmente los parlamentarios optaron por cinco integrantes, frente a lo cual, según la historia de la ley en el Senado, el ministro de Hacienda de ese entonces, Rodrigo Valdés, planteó que en “su opinión el número de tres comisionados supone también ciertas ventajas. Por lo mismo, subrayó que no es intención del Ejecutivo que la nueva composición de cinco miembros constituya un precedente para futuros consejos que se puedan establecer en otras instituciones, por ejemplo en superintendencias financieras”.
Al respecto, el exsubsecretario de Previsión Social y excomisionado de la CMF, Christian Larraín, coincide en que es necesario que la SP tenga un órgano colegiado, y cree que se podría seguir un modelo similar al de la CMF, “pero mas chico. No requiere más de tres integrantes, porque el alcance, las funciones de la SP, son mucho más acotadas que las que tiene la CMF, pero sí aprovechando la buena experiencia que ha tenido la CMF y el Banco Central, creo que es un modelo que hay que seguir”.

Larraín también estima que podría replicarse una figura que hoy tiene la CMF en cuanto a un fiscal independiente y el modelo de sanciones. Entre las ventajas de un gobierno colegiado, menciona que “evita el riesgo de captura, le da más autonomía e independencia a las decisiones de las autoridades, le da continuidad más allá de los gobiernos de turno. Es un poco más costoso, pero el costo es menor dentro de todas las ventajas que este modelo tendría para el funcionamiento del sistema”.
Larraín cree que el hecho de que se tenga que implementar la reforma no es un impedimento para impulsar un cambio de este tipo ahora. De hecho, recuerda que la creación de la CMF coincidió también con la fusión entre la Superintendencia de Valores y Seguros y la Superintendencia de Bancos, y la implementación de la nueva ley de bancos, entre otros cambios. “Me parece prioritario avanzar en el cambio del gobierno corporativo”, reafirma.
En tanto, la economista de Horizontal, Soledad Hormazábal, considera que “es fundamental mejorar el gobierno corporativo de la SP, manteniendo su giro único, es decir, un enfoque especializado en pensiones. Sería muy positivo avanzar hacia un gobierno colegiado, lo que daría mayor transparencia y pluralidad en la toma de decisiones”.

Agrega que “este modelo puede permitir una supervisión más balanceada, tomando en cuenta las eventuales diversas perspectivas de los miembros del consejo. En este sentido, sería importante que los miembros del consejo sean personas con experiencia en el área de pensiones, seguridad social, finanzas y derechos laborales, para asegurar la expertise necesaria”.
La economista añade que “otro aspecto importante sería reforzar la independencia de la SP respecto de los intereses políticos y económicos del momento. Es clave que las decisiones sobre pensiones no se vean influenciadas por intereses de corto plazo y un gobierno colegiado refuerza ese aspecto”.
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