La ley de reforma previsional que aprobó el Congreso a inicios de este año, definió que en agosto de 2026 el actual Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS) pasará a ser una de las prestaciones del Seguro Social, absorbiendo la prima de cargo del empleador que actualmente lo financia, que ha fluctuado entre 1,3% y 2,3% de la renta imponible, con un promedio de 1,5% en los últimos años.

Así, desde 2026 “dicho seguro será financiado por el Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP), mediante la cotización que realicen los empleadores al Seguro Social previsional”, establece la reforma. Esta cotización será del 2,5%, pero también irá a financiar la compensación a las mujeres por su mayor expectativa de vida.

Para lo anterior, en junio el gobierno ingresó un proyecto al Congreso que regula y permite el traspaso del SIS al FAPP, el organismo público, de carácter técnico y autónomo, encargado de gestionar el Seguro Social.

Pero ha generado debate la presentación de este proyecto, pues desde la industria aseguradora, y también algunos expertos, esperaban que la iniciativa del Ejecutivo incorporara cambios de fondo al funcionamiento del SIS, y que no fuera un mero traspaso.

En el marco de esta discusión, el director ejecutivo de la Asociación de Aseguradores, Marcelo Mosso, dio a entender que los trabajadores de Codelco son los que más acceden al Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS), aunque no dijo el nombre de la empresa como tal. Eso, considerando los dictámenes de invalidez desde 2009 a la fecha. Luego, el presidente ejecutivo de Codelco, Rubén Alvarado, salió a refutar tales dichos.

La Superintendencia de Pensiones no accedió a entregar información mediante Ley de Transparencia sobre los nombres de las empresas que registran más trabajadores que han hecho solicitudes de calificación de invalidez de afiliados cubiertos por el SIS, ingresadas y aprobadas, ”puesto que su divulgación podría afectar los derechos económicos de la empresa o permitir la identificación de personas naturales cuando se trata de empleadores con pocos trabajadores”, sostuvo el regulador en su respuesta.

Pero lo que sí informaron, son los sectores económicos donde se registran más trabajadores dependientes con solicitudes ingresadas y aprobadas, esto es, de personas que tienen asociadas un empleador.

“Se excluyen solicitudes de reevaluación de invalidez, solicitudes realizadas por beneficiarios, solicitudes realizadas por trabajadores independientes y por desempleados, ya que no existe un empleador asociado a la solicitud. Finalmente se excluyen las solicitudes presentadas por isapres, ya que no son conducentes a pensión de invalidez”, señaló la Superintendencia.

Así, el universo total considera que los trabajadores dependientes realizaron 116.130 solicitudes de invalidez cubiertas por el SIS entre 2019 y julio de 2025. Sin embargo, de ellas solo se había aprobado el 39%, equivalente a 45.465.

El regulador desagregó la información en 20 ramas de actividad económica. A continuación se enumeran las ocho principales.

Por sector económico

El sector económico que registra la mayor cantidad de solicitudes entre 2019 y julio de 2025, es el comercio al por mayor y al por menor, y reparación de vehículos automotores y motocicletas. Esta rama registró 14.160 solicitudes. De ellas fueron aprobadas prácticamente un tercio: 5.506, siendo también el sector con más solicitudes aprobadas.

El segundo lugar en número de solicitudes hechas y aprobadas se lo llevó el ítem “actividades de servicios administrativos y de apoyo”, con 12.036 solicitudes totales, siendo 4.413 aprobadas.

El tercer puesto se lo adjudicó la rama de transporte y almacenamiento, con 10.119 solicitudes, y 4.259 aprobadas. De cerca la siguió la industria manufacturera con 10.051 solicitudes y 3.908 aprobaciones. Al igual que la construcción, que anotó 10.030 solicitudes en ese lapso, y donde 3.841 de ellas fueron aprobadas.

Más atrás se ubicó “enseñanza” con 7.791 solicitudes, siendo 3.144 de ellas aprobadas. A continuación se posicionó el ítem “administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria”, con 7.572 solicitudes y 3.262 aprobaciones.

Algo similar registró la rama de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, con 7.229 solicitudes y 2.623 dictámenes aprobados.

“Las solicitudes aprobadas corresponden a aquellas que tienen un dictamen que aprueba invalidez que quedó ejecutoriado luego del dictamen de la comisión médica regional. Para los casos en que el dictamen de la comisión médica regional haya sido apelado, las solicitudes aprobadas corresponden a aquellas en que la comisión médica central haya resuelto aprobar la invalidez”, aclaró la Superintendencia en su respuesta por Ley de Transparencia.

Asimismo, detalló que “respecto del total de solicitudes ingresadas, las solicitudes que no se registran como aprobadas pueden corresponder a solicitudes rechazadas o a solicitudes cuyo resultado aún se encuentra pendiente”.

A la inversa, los sectores económicos que anotaron la menor cantidad de solicitudes fueron las “actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales” (35), la rama de “suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado” (244), “actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas“ (447), y actividades inmobiliarias (884), entre otros.