“El doctor que hace cosas”. Así comenta Gaspar Domínguez (32) que es conocido en la provincia de Palena, lugar en el que vive desde 2015 y donde trabaja como médico rural.

Domínguez, electo como constituyente con la mayor votación de la lista de Independientes No Neutrales en el distrito 26, es uno de los dos médicos de profesión de la Convención y uno de los cuatro del área de la salud. Dice que probablemente será el convencional que más se demore en llegar a Santiago porque primero tiene que viajar tres horas desde Palena a Chaitén, después de Chaitén a Puerto Montt en barco o avioneta y después en un avión a la capital.

Aquí, plantea sus ideas para tener un derecho a la salud con una lógica solidaria y que estipule la creación de un seguro único con las cotizaciones de todos los chilenos. Además explica sus ideas para promover la diversidad sexual y da su visión sobre la carta de los 34 constituyentes agrupados en las “Vocerías de los Pueblos”.

¿A qué se refiere con que el derecho a la salud, en la nueva Constitución, deba tener un principio de solidaridad?

La Constitución actual, en el Artículo 19, dice que las personas tienen derecho a elegir si adscribirse a un sistema público o privado de salud. Y eso ha sido interpretado por el legislador como una forma de decidir qué hacer con tu cotización obligatoria. Y por definición, una cotización es tu contribución económica para un seguro. Pero en la práctica, este artículo de la actual Carta, ha sido intepretado tanto por los legisladores y el Tribunal Constitucional como la posibilidad de decidir qué hacer con tu cotización. Y ahí hay un vicio porque si mi cotización está pensada para ser solidiaria y yo la uso para financiar un seguro propio y privado, no es una cotización, técnicamente.

¿Por qué?

Porque no tiene lógica de solidaridad. Lo que pagan los individuos con las aseguradoras de isapre es proporcional al riesgo que tienen de enfermar. Entonces a alguien joven y sano, la isapre les cobra muy poco e incluso devuelve la diferencia a través de excedentes. Pero una persona mayor, con enfermedades crónicas, la isapre no lo acepta o le cobra mucho. Entonces debemos tener un seguro único de salud solidario que no es algo de izquierda o derecha, es algo que hace gran parte del mundo desarrollado. La gente contribuye proporcional a la plata que tiene y recibe prestaciones proporcional a lo que necesita.

¿Y cómo lo materializaría en la Constitución?

La nueva Constitución debe establecer la creación de un seguro único de salud con lógica solidaria. Actualmente la Carta establece que a las personas se les cobrará cotizaciones obligatorias según la ley y que la gente podrá optar a qué sistema adcribirse, yo pondría que a las personas se les cobrara un cotización determinada por la ley y que esta será manejada a través de un seguro único colectivo con lógica solidaria. Eso es un tema constitucional y que nos garantizaría que la lógica sea de solidaridad y que todas las personas podamos tener acceso a un plan universal de salud, financiado con un seguro único.

Probablemente la Convención se va a dividir entre quienes creen que debe establecerse una Constitución de grandes lineamientos y principios y otros que apuesten por una más detallada. Sobre este tema, ¿usted cree que se debe incluir el detalle del seguro único de salud?

No creo que sea muy detallista referirnos a que “se cobrarán cotizaciones según la ley y éstas serán manejadas por un seguro único de salud con lógica solidaria y colectiva”. Eso debe estar explícito para no dejar la posibilidad de que pueda ser interpretado de otra forma. ¿Cómo debe ser la transición hacia ese seguro o cómo se van los prestadores de salud? Será materia de ley.

Efectivamente, en la Constitución actual se establece que cada persona tiene el derecho a elegir el sistema de salud que desee acogerse, sea estatal o privado. ¿Cómo se compatibiliza esa demanda por mayor libertad a la hora de elegir?

La libertad de elegir es una falsa ilusión para el que puede pagar. Entonces no existe la libertad de elegir porque la inmensa mayoría de las personas solo tiene acceso a un sistema de salud y quien puede pagar se escapa y se va a otro. Esto que yo propongo no le quita la posibilidad de elegir al que tiene mucha plata a atenderse con quien quiera o agarrar un avión e ir atenderse a Miami. No me opongo a que existan prestadores privados, lo que sí quiero hacer es que la cotización de esa persona que decide irse al sistema privado, la deje en un seguro único de salud que se reparta con lógica colectiva.

¿Y cómo cree que se debe abordar en la nueva Constitución la situación de la red de salud pública del país que se ha visto duramente afectada durante la pandemia?

Esta es la forma. La salud pública se financia de dos formas. Una a través de transferencias directa del Estado con el presupuesto nacional, o sea impuesto, y dos a través de las cotizaciones. No hay otra forma de financiarla. Y hoy, los cotizantes que contribuyen más plata son los que están en isapres y los cotizantes que tienen menos plata y generan más gasto, son los que están en Fonasa. Uno de los principales problemas de nuestro sistema sanitario es la falta de financiamiento.

A raíz del estado de excepción por la pandemia, el Estado ha podido exigirle a las clínicas privadas una mayor ayuda en la crisis. Sin embargo, se han visto casos como el de la Clínica Las Condes que se querelló contra sus propios funcionarios por recibir muchos pacientes de Fonasa. ¿Cree que en la nueva Constitución esto se debe mantener y especificar aún más?

Propongo para la nueva Constitución que exista un estado de excepción constitucional sanitario. La Constitución actual hoy fija cuatro estados de excepción donde las Fuerzas Armadas tienen poderes extraordinarios y se pueden restringir libertades. Entonces debemos tener un estado de excepción solo sanitario, para situaciones como la pandemia, donde haya mayor posibilidad de intervenir o de regular la forma en que los prestadores de salud trabajan para evitar situaciones como la que tú mencionas. Para manejar una pandemia no es necesario tener tanques con militares y fusiles en las calles.

“Soy gay y si bien no soy un activista oficial por la disidencia sexual, el hecho de ser abiertamente homosexual, siento que me pone dentro de las ocho personas que explícitamente son pertenecientes de la disidencia y quiero llevar parte de esa discusión”.

¿Cómo cree que la nueva Constitución debe abordar los temas de diversidad sexual?

La nueva Constitución debe garantizar la igualdad de todas las personas. Independiente de su género, orientación sexual o su identidad de género. Sin embargo, es importante hacer diferencias entre la igualdad formal como lo hace la actual Constitución y avanzar hacia el concepto de igualdad sustantiva.

¿Cuál sería esa?

La igualdad sustantiva se hace cargo de las diferencias estructurales que existen entre los grupos hegemónicos o que ostentan el poder versus los grupos oprimidos. Un ejemplo, es la paridad. Hoy las mujeres y los hombres tienen la misma posibilidad de postularse a cargos de elección popular pero en la práctica vemos que el Congreso está compuesto en menos de un 25% por mujeres y por eso la paridad se hace cargo de estas dificultades de acceso. Eso mismo tenemos que aplicarlo a todos los grupos que presentan dificultades estructurales. Y ahí están las disidencias sexuales, los discapacitados, pueblos originarios, niños, niñas y adolescentes, y adultos mayores. En el caso de la diversidad, parece un mínimo para sentarse a conversar garantizar el acceso a los derechos sociales como matrimonio y adopción, y además generar estructuras de poder que permitan compensar las desigualdades.

¿Pondría cuotas en los órganos de representación popular para las disidencias sexuales?

Tenemos que discutir que, en ciertos contextos o espacios de poder, incorporar cuotas de pueblos originarios o de disidencias sexuales.

¿Está por avanzar hacia un Estado regional donde los gobiernos regionales tienen mucha más autonomía, más poder y donde los impuestos van directamente a las regiones?

Sí. La descentralización fiscal se puede ver de dos enfoques, uno que es el enfoque de gasto, que es donde suscribo plenamente que suba mucho la autonomía de gasto en la región. Hoy el gasto de suelo nacional en Chile es alrededor de un 15% versus un 30 o 40% de los países de la OCDE y hay algunos países, como Dinamarca, que tienen un 60%. Entonces, tenemos que aumentar mucho la autonomía del gasto, que las regiones decidan en qué gastar la plata. Eso es importante pero los impuestos es otro escenario, es la descentralización fiscal con enfoque de ingreso. Y ahí tengo mis dudas. Creo que podría estar restringido a pequeños espacios los impuestos regionales porque pueden pasar dos cosas. Se puede favorecer las diferencias e inequidades entre las regiones. Por ejemplo, el ingreso per cápita en Antofagasta es de 24 millones y en la región de Maule es de 4 millones. Entonces, si toda la plata se quedara en la región empobreceríamos algunas regiones versus otras que serían más ricas. Creo que eso es malo en un país con tanta desigualdad.

¿Cuál es su opinión de la declaración de 34 constituyentes que llamaron a declarar una Convención soberana y no legitimar el acuerdo del 15 de noviembre?

El poder lo tienen las personas y eso quedó demostrado el día del Acuerdo por la Paz en donde sectores de la derecha, que por 30 años se opusieron a redactar una nueva Constitución, se vieron entre la espada y la pared y decidieron firmar el acuerdo que permite hoy estar cambiando la Constitución. Entonces, más allá del detalle leguleyo, vemos que en la práctica el poder lo tienen o lo pueden tener las personas si se juntan, se organizan y exigen. Así que creo que esa discusión de verdad es inconducente, porque si todos los constituyentes y la gente en la calle manifiestan el deseo de bajar el quórum, el quórum se va a bajar. Y puede ser porque formalmente el parlamento lo baje a través de una votación y si no lo baja formalmente finalmente va a ocurrir a través de otro mecanismo. Pero el poder quedó demostrado que lo tienen las personas y espero que así siga siendo.