¿Qué debates reabre el conflicto en el Tribunal Constitucional? Cuatro abogados responden

Con el inicio de una investigación de parte del Ministerio Público por eventuales hechos de corrupción, y un plebiscito por una nueva Constitución en el horizonte ¿Qué se puede sacar en limpio frente a las disputas desatadas al interior del Tribunal Constitucional tras las declaraciones de su presidenta María Luisa Brahm? Los abogados Luis Cordero, Sergio Verdugo, Jorge Contesse y Francisco Zúñiga responden esa pregunta.




Ha sido una de las semanas más agitadas al interior del Tribunal Constitucional (TC) que se tenga memoria luego de las declaraciones dadas el domingo a La Tercera Domingo por la presidenta de la entidad María Luisa Brahm que generaron cuestionamientos al interior de la entidad. “Antes de que yo llegara había causas detenidas en el TC por mucho tiempo, al límite de la corrupción”, señaló la presidenta, lo que provocó que una diputada ingresara una denuncia ante el Ministerio Público, la que dió inicio a una investigación penal. Más allá del desarrollo que tenga el caso, en Re:Constitución consultamos a los académicos Luis Cordero, Sergio Verdugo, Francisco Zúñiga y Jorge Contesse para que dieran su mirada sobre qué se puede aprender de este actual conflicto al interior de la entidad dedicada a controlar la constitucionalidad de proyectos, mociones y procesos.

Luis Cordero: Conflicto reabre debates sobre “acotar la amplitud de sus atribuciones, establecer un sistema de nombramiento más estricto y disponer de un régimen de responsabilidad política de sus miembros”

El profesor de Derecho Público de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Luis Cordero indica que “la crisis que vive el Tribunal Constitucional en la actualidad es la consecuencia de la acumulación de un conjunto de aspectos que han terminado por confundir las personalidades de quienes lo integra con el rol institucional que desempañen. En un sistema democrático, cuando el problema se transforma el crónico, es una tragedia para el funcionamiento del sistema constitucional”.

Por esta razón argumenta que “de ahí que este conflicto probablemente va a reabrir el debate sobre tres cuestiones esenciales en la reestructuración del TC, considerando el momento constituyente que vivimos: acotar la amplitud de sus atribuciones, establecer un sistema de nombramiento más estricto y disponer de un régimen de responsabilidad política de sus miembros, que en la actualidad sus ministros carecen, a diferencia de lo que ocurre con la Corte Suprema”.

Agrega que “este conflicto además ha evidenciado otro aspecto que habitualmente no está en la discusión pública y es el impacto en la gestión del tribunal. Mientras en 2014 el número de ingresos fue de 148 casos, en 2019 estos alcanzaron a 2.210 asuntos, con el mismo número de jueces y durante un largo período sin suplentes que alivianara algunas labores”.

“El explosivo aumento de los casos, la complejidad de los mismos, una gestión administrativa de los ingresos a cargo exclusivamente del Presidente del TC, un aprendizaje de los abogados en el uso estratégico del recurso de inaplicabilidad y las tensiones de personalidad entre sus jueces, desató una crisis que tarde o temprano terminaría ocurriendo”, dice el académico de la Universidad de Chile.

Tras los dichos que han trascendido desde el domingo, Cordero sentencia: “Mientras sus ministros deberían resolver esto como personas adultas y de acuerdo a la investidura que ostentan, es evidente que la agenda de reformas del TC terminará alimentada por cada hecho ocurrido estos días”.

Sergio Verdugo: “Los ministros deben recuperar las confianzas, dar señales de unidad y desarrollar estilos que sean compartidos por todo”

Para el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad del Desarrollo, Sergio Verdugo, “el prestigio del Tribunal Constitucional, en parte, depende de la capacidad de los ministros de promover y respetar ciertos códigos internos, de mostrar un sentido de pertenencia institucional y de canalizar las diferencias jurídicas existentes por los canales correspondientes, usando siempre el lenguaje del Derecho y de los derechos”.

Señala que “los hechos de los últimos días señalan la existencia de una lamentable fractura que ha puesto en jaque dichos códigos internos. Las filtraciones, los ataques por la prensa, los reproches que se observan, son señales de que el Tribunal no está canalizando sus desacuerdos internos por la vía adecuada”.

Por esto cree que “los ministros deben recuperar las confianzas, dar señales de unidad y desarrollar estilos que sean compartidos por todos”.

“Los tribunales colegiados deben presentarse frente a la comunidad jurídica y política ‘con una sola voz’. Para ello, los desacuerdos existentes deben ser encausados mediante las vías jurídicas específicas, manteniendo un estilo compartido que le da un sentido y autoridad a la institución”, estima Verdugo.

De esta manera “los ministros entregan sus opiniones constitucionales a través de sus sentencias y votos de disidencia”. Verdugo explica que las declaraciones a la prensa “deben ser especialmente cuidadosas”, y que, es fundamental mantener los códigos de comportamiento internos.

Para el académico, ésta sería un forma de lograr que la pluralidad de opiniones al interior del TC tuviera mayor posibilidad de defender el rol institucional del mismo. “Cuando los desacuerdos se manifiestan por formas que no corresponden, por ejemplo, contestando una crítica jurídica mediante una declaración por la prensa (y no mediante una opinión judicial incluida en una sentencia), se pierde el sentido de defensa institucional que todos los ministros deben desempeñar”.

Francisco Zúñiga: Una lección es que todas las instituciones cuiden “su clima interno de trabajo, sus procedimientos, espacios de deliberación y decisión”

El profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Chile, Francisco Zúñiga opina que: “El conflicto al interior del TC, obviando las subjetividades en juego y cierta acumulación de pequeños conflictos, deja algunas lecciones o aprendizajes para las instituciones del Estado en general y para el Tribunal en particular”.

Señala que la lección para las instituciones del sistema político es general, “y consiste en cuidar las instituciones, su clima interno de trabajo, sus procedimientos, espacios de deliberación y decisión de suerte que un conflicto serio no pueda terminar minando a la institución en un cuadro general de deslegitimación de las instituciones y de un proceso constituyente, que de prosperar, va a dar a Chile un nuevo estatuto del poder”.

Respecto al Tribunal Constitucional mismo, “éste enfrenta un viejo dilema: o es un órgano político más del sistema (Tercera Cámara incluida), o es un tribunal; y por ende, es integrado por juristas de trayectoria, situados fuera del proceso político y de la política contingente o partidista, y que decide los conflictos constitucionales, que son políticos, como un tercero independiente e imparcial. Este dilema que enfrenta al Tribunal con su ser mismo lleva largos años sin resolverse y guarda relación con una cuestión básica de autocomprensión del Tribunal y de su rol en el Estado”.

Sobre el proceso constituyente, Zúñiga opina que “éste debe deliberar y tomar una decisión respecto de qué hacer con los conflictos constitucionales y la supremacía constitucional, en orden a definir los controles sociales, políticos y judiciales de la constitucionalidad de los actos del poder”.

“Por ende, el TC no tiene un lugar asegurado en el nuevo estatuto del poder, dado que los problemas que arrastra y conflictos que visibiliza, nos sitúan ante una dificultad extraordinaria, que es tener un TC que sea un tribunal y cuyas decisiones sean vinculantes para los poderes públicos, y en especial para el Poder Judicial”.

“Por último”, finaliza el profesor, “una quinta lección atinge a los poderes públicos en general que han intervenido en el nombramiento de jueces constitucionales, en especial, el Congreso Nacional y el Gobierno, que no siempre han acertado a la hora de designar jueces que sirvan su ministerio con independencia e imparcialidad, y al mismo tiempo tales poderes pretenden influir en las decisiones del TC para tener un órgano ortopédico o genuflexo a sus intereses, y de esa manera, minan la independencia e imparcialidad del Tribunal y contribuyen a su politización, de lo cual un ejemplo práctico elocuente es el control preventivo de constitucionalidad de las leyes y de actos estatales”.

Jorge Contesse: La pugna, “es una especie de tiro de gracia institucional. Esa manera de entender la justicia constitucional requiere una revisión profunda urgente”

El profesor de Derecho Internacional y Penal en la Universidad Rutgers (EE.UU.), estima que “estamos asistiendo al comienzo del fin del TC, tal como lo conocíamos. Hasta ahora, las críticas —en general, fundadas— tenían que ver con dos fenómenos distintos pero que se cruzan”

Uno de estos fenómenos sería “el desatado activismo del Tribunal, es decir, su falta de prudencia y contención a la hora de resolver casos. Aróstica lo anunció en 2017 cuando dijo que ‘la Constitución contiene errores evidentes’, sugiriendo que es el Tribunal Constitucional y no el Congreso el órgano llamado a corregirlos”.

Rememora también, que el año pasado durante una conferencia internacional en Santiago “el ministro Juan José Romero dijo sin tapujos que la idea de activismo judicial y autocontención son “categorías inútiles”. ¡Los académicos presentes en la sala se tomaban la cabeza a dos manos!”.

Para Contesse, el segundo fenómeno que se hizo posible bajo la presidencia de Aróstica fue “el desprecio por las formas”. Y, determina que “bajo su liderazgo, el TC —o al menos su ‘lote’— parecía no ver límites en las normas. Eso es inaudito”.

Explica también que “la mezcla de estos dos desarrollos ha sido fatal para la reputación institucional del TC”. Agrega, además, que a su parecer Brahm ha confirmado que para ella el TC representa una tercera cámara.

A pesar de que el académico está seguro de que esta no representa la mirada de todos los miembros “sí es una especie de tiro de gracia institucional. Esa manera de entender la justicia constitucional requiere una revisión profunda urgente”.

Por último, estima que “afortunadamente tenemos la posibilidad a mano, con el proceso constituyente. Asumiendo que la opción Apruebo gana, entonces será la convención que redacte la nueva Constitución la encargada de delinear las formas de un TC democrático”.

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