Catrillanca: Una muerte en tres actos

Catrillanca Temucuicui

Lo que empezó como un delito común -una denuncia sobre un robo de vehículos- terminó en una compleja investigación penal contra personal de Carabineros por la muerte del joven mapuche Camilo Catrillanca y la posterior destrucción de pruebas de un miembro del Comando Jungla. La fiscalía se debate entre formalizar por homicidio doloso o cuasidelito de homicidio. La última palabra la tienen los peritajes que inclinarán la balanza en favor de una de las dos versiones enfrentadas.


1) La inesperada presencia de un abogado

El fiscal de Alta Complejidad de La Araucanía, Enrique Vásquez, intuía que la noche del miércoles 14 se venía larga. Ya en sus primeras horas la muerte de Camilo Catrillanca Marín (24), nieto de uno de los principales lonkos de la comunidad Temucuicui, en medio de un procedimiento del Comando Jungla por el robo de unos vehículos desde un colegio, tensionó a la comunidad de Ercilla. Vásquez se trasladó a la fiscalía local de Collipulli y -literalmente- tuvo que abrir el recinto.

Pasadas las 18.30 horas ya no quedaban funcionarios en el lugar, ubicado a más de 13 kilómetros del Centro de Salud Familiar (Cesfam) de Ercilla, recinto asistencial en el que se confirmó el fallecimiento del comunero esa misma tarde. Lo primero que hizo el fiscal fue citar a declarar al personal policial que estuvo en la escena. Hasta ese minuto, el objetivo del Ministerio Público era realizar el trabajo en el sitio del suceso y tomar testimonio lo más pronto posible. Ya por esas horas rondaba la versión policial de fuego cruzado entre los individuos que supuestamente huían del personal policial en un tractor azul , relato que -a las 20.30 horas- reforzaría la máxima autoridad de Carabineros, el general director Hermes Soto, quien en conferencia de prensa aseguró esa noche: “Se produjo un enfrentamiento”.

El fiscal Vásquez había llamado al subcomisario de la Brigada de Homicidios (BH) Leonardo Contreras para comenzar la ronda de interrogatorios de los testigos. Los oficiales del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (Gope) que habían sido citados demoraron en llegar. Pero lo que realmente encendió las alarmas del Ministerio Público fue que los cinco ocupantes del vehículo blindado marca Panhar no llegaron solos. Pese a que fueron citados como testigos, llegaban un par de horas luego de la citación del fiscal y acompañados por el abogado Cristián Inostroza Quiñiñir.

El investigador decidió entonces cambiar la calificación de los presentes y por primera vez los efectivos del Gope tuvieron calidad de imputados y se les leyeron sus derechos. El último en declarar, pasadas las 5.15 horas del viernes 16, fue el sargento segundo Raúl Ávila. Quienes conocen su versión aseguran que el oficial explica que decidió usar su fusil de manera disuasiva cuando vio a personas que les disparaban de entre los árboles. Según esa primera versión, había disparado cuatro o cinco tiros contra el tractor azul. El fiscal y el PDI le preguntan directamente si portaba una cámara: “No, ni ninguno de mis compañeros”, respondió. Aún así, entregó la cámara GoPro que tenía asignada. ¿Cuántos disparos percutó Ávila esa tarde? Según quienes conocen esa primera declaración, el oficial sostuvo que al llegar a su cuartel contó las municiones ocupadas ese día: 18 tiros de fusil.

2) La detención de M.P.C.

“¿A qué se dedica?”, preguntó la jueza María Fernanda Lagos -del Juzgado de Garantía de Collipulli- a M.P.C., el adolescente de 15 años que acompañaba a Camilo Catrillanca al momento de su muerte y que fue formalizado por receptación de vehículo por la Fiscalía de La Araucanía el viernes 16. El menor, que había pasado casi 24 horas privado de libertad, respondió en la audiencia de control de detención que “hago leña”. La magistrada le consultó: “¿El personal que lo detuvo le explicó por qué lo estaba deteniendo? ¿Le leyeron sus derechos?”. M.P.C. respondió que “en ningún momento”, y “hoy en la mañana”. Fue entonces que la titular del tribunal le consultó si tenía un reclamo que hacer por el trato recibido: “Sí. Me agredieron varias veces, me pegaron en las costillas con el arma que andaban trayendo”.

El defensor penal adolescente Irving Rodríguez intervino denunciando supuestos apremios recibidos por el menor y revelando una irregularidad en el parte que sustentaba su detención. El abogado de M.P.C. -junto al jefe de jurídica de la Defensoría Penal Pública, Mario Quezada- acusó ante el tribunal que el documento policial daba cuenta de una declaración conjunta de los suboficiales Gope que participaron del operativo. Un hecho inédito. “En la carpeta hay solo una declaración, que es dictada por los carabineros cantores de Viena, porque es suscrita por cinco funcionarios policiales, me imagino que los pusieron en fila y declararon a coro”, dijo el defensor. Además, reclamó que siendo las 16 horas del día siguiente a la detención de M.P.C. “no había ningún testimonio que lo sindicara como partícipe del robo, ninguno”.

La jueza Lagos miró a M.P.C. y señaló que “todo el procedimiento comienza por una persona que no se identifica, lo que para el tribunal no constituye un antecedente suficiente para ser calificado como denuncia, particularmente no existe una descripción de la forma en que se comete el supuesto delito de robo con intimidación, no se atribuye a ninguna de las tres personas una conducta en particular y no hay una declaración de las víctimas tampoco que señale de qué forma ellas fueron acometidas por estas personas, las características de sus vehículos, la propiedad de esos vehículos, por lo tanto, en ese sentido, la información que introduce esta llamada anónima, que mal puede ser llamada denuncia no permite al tribunal determinar con toda precisión y claridad para fundar el delito de receptación como el delito base (robo de vehículos)”.

Aunque la detención de M.P.C. fue declarada ilegal, la fiscalía de todas maneras formalizó al menor. La defensora de la niñez, Patricia Muñoz, definió la actuación del Ministerio Público como arbitraria e ilegal y pidió al fiscal regional de La Araucanía, con quien hasta hace unos meses compartía labores por ser ambos del ente perseguidor penal, investigar esa formalización. La petición fue denegada.

3) Pericia a balas: ¿Homicidio o cuasidelito?

Las dos ruedas del tractor azul que conducía Camilo Catrillanca estaban pinchadas al momento en que el fiscal jefe de la Unidad de Derechos Humanos, Roberto Garrido, ordenó su traslado -el viernes 16- desde el sitio del suceso hasta el lugar en que la PDI le practicaría las pericias clave para la formalización de cargos que se concretará en los próximos días.
El estado de las ruedas, según fuentes policiales, podrían determinar que la bala que terminó con la vida del comunero fue producto de “un rebote”. Las mismas fuentes sostienen que la máquina cuenta con abollones en varias partes que podrían ser producto de su propio uso o de que una de las balas la impactó y luego hirió a Catrillanca, cuyo cuerpo tiene una herida de bala en la nuca. Ante este escenario, la fiscalía no podría imputar al sargento Raúl Ávila y sus compañeros del Gope la intencionalidad de un homicidio.

Esta hipótesis ha cobrado fuerza en estos días, luego de que varios testimonios coincidieran en que -al momento de los disparos contra el tractor- los miembros del Comando Jungla estaban a unos 50 metros y provistos de una carabina Colt, calibre 5.56, fusil automático que disparado a esa distancia directo al cuerpo de Catrillanca habría provocado una lesión tan grande que habría destrozado su cráneo.

Aun así, el fiscal Garrido ha sido especialmente cauto en no calificar el delito que investiga. La diferencia de penas entre un homicidio y un cuasidelito de homicidio es importante. El primero tiene una pena que llega hasta los 15 años y un día de cárcel, mientras que el segundo podría significar una pena en libertad, ya que su máximo son tres años de cárcel.
La trayectoria de los disparos el día de la muerte de Catrillanca -según quienes conocen la declaración de Ávila- comenzó a esclarecerse el sábado 17.

Cerca de las 21 horas, el general director de Carabineros, Hermes Soto, ya había comunicado al ministro del Interior, Andrés Chadwick, que los oficiales del Gope le habían mentido cuando viajó a La Araucanía: Sí existían imágenes de la muerte del comunero, pero el sargento Ávila las había eliminado, cortando con una tijera la tarjeta de memoria de su cámara, la que luego lanzó al WC.

Al Ministerio Público la revelación no les sorprendió. Los fiscales Garrido y Jorge Calderara a esa hora ya habían descubierto en imágenes que tenía personal de Fuerzas Especiales que se veía que Ávila portaba en su cabeza una cámara, lo que había negado la primera noche. Quienes conocen su último testimonio ante el Ministerio Público sostienen que el suboficial asegura haberse lanzado encima de M.P.C. para protegerlo de las balas de desconocidos. Esta vez sí reconoció que portaba la cámara, pero aseguró que no estaba grabando, pues -según él- no tenía batería.

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