Álvaro Vargas Llosa

Álvaro Vargas Llosa

Director del Centro Para la Prosperidad Global de The Independent Institute, columnista del Washington Post y autor de diez libros. Titulado de Historia Internacional en la London School of Economics, ha sido miembro del Directorio del Miami Herald Publishing Company, corresponsal del diario español ABC en Londres y colaborador del Wall Street Journal, Los Angeles Times, BBC World Service y Time Magazine. Sus artículos se publican en veinte países y da conferencias en América Latina, Europa y Estados Unidos. La revista Foreign Policy lo eligió entre los 50 intelectuales más influyentes de Iberoamérica en 2012 y fue nominado por el Foro Económico de Davos como Joven Líder Global 2007. Es inversionista individual, seguidor de la filosofía del valor.

Reportajes

Evo Morales, la batalla final

Foto: Agenciauno

Por primera vez la oposición tiene posibilidades de detener a Morales. En 2005, 2009 y 2014, las tres elecciones presidenciales anteriores, enfrentarse a él era un acto poco menos que heroico. Pero las cosas que ayer nadie parecía reprocharle hoy sí parecen importarle a una mayoría.


Entre las definiciones del populismo, está la de llevar la lucha de los excluidos contra las élites al terreno del Derecho, para reinterpretarlo o moldearlo como si fuera plastilina en nombre de los de abajo porque fueron los de arriba los que lo impusieron.

Lo que hizo Evo Morales en su demanda contra Chile en La Haya, independientemente de lo que se piense del reclamo marítimo boliviano, fue eso: populismo jurídico. Si uno repasa la relación de Morales con la legalidad desde que asumió el poder, incluyendo su más reciente interpretación del Derecho Internacional para justificar una cuarta candidatura presidencial consecutiva en las elecciones del próximo año, comprobará que, bajo la cobertura de un reclamo, de una reivindicación de las víctimas contra los victimarios, ha torcido siempre la legalidad, anteponiendo su sentido instrumental de la justicia a los principios de la institucionalidad jurídica.

No entro, aquí, en el aspecto moral o político, en la nobleza o justicia de las causas por las cuales ha incurrido en populismo jurídico. Tampoco lo hago en sus motivaciones; por tanto, evito, porque a efectos de esta reflexión no es pertinente, decir si sus argumentos eran sinceros o una pura mascarada carnavalesca detrás de la cual lo único que había era apetito de poder. Me concentro solo en su populismo jurídico.

En el caso de la demanda contra Chile -anunciada en 2011 e iniciada en 2013-, olvidemos por un momento si es justo el reclamo boliviano. Estoy entre los que creen, como lo he escrito aquí algunas veces, que para América del Sur y para las relaciones entre Chile y Bolivia habría sido mejor que Santiago y La Paz encontraran alguna fórmula creativa y políticamente aceptable en ambos países que diera a Bolivia lo bastante como para dejar zanjada esta discusión, pero no tanto para que ello se volviera un pretexto para que futuras generaciones chilenas ajustaran cuentas internas o, peor aun, iniciaran conflictos con los bolivianos. Pero en esta reflexión posterior al fallo de La Haya prefiero concentrarme en el absurdo jurídico, abrumadoramente rechazado por los miembros del tribunal, en que se basó Morales. Porque nos da una idea de lo que es su gobierno, de la naturaleza del Presidente que es y de cómo actuará en el futuro.

Es cierto, como sabe cualquiera que le preste algo de atención a esto, que a lo largo del tiempo hubo contactos, a veces verbales y a veces escritos, entre chilenos y bolivianos relacionados con la salida al mar de Bolivia. Algunos de estos contactos fueron más serios que otros (por ejemplo, los de los años 70 más que los de los años 20 y los años 50, y estos últimos más que aquellos); en ciertas ocasiones, el tema de la mediterraneidad boliviana formó parte de un abanico más amplio de asuntos bilaterales propuestos (por ejemplo, en el año 2000 y, seis años más tarde, con ocasión de la llamada “agenda de 13 puntos”). Ninguna de estas ocasiones produjo resultados concretos, por razones que no viene al caso analizar aquí. ¿Bajo qué criterio jurídico podrían estos contactos, exploraciones, intercambios de pareceres, que nacieron de iniciativas puntuales de los gobierno de entonces crear obligaciones permanentes en las siguientes generaciones y por tanto en los futuros gobiernos? Bajo ninguno, excepto uno: el populismo, es decir la utilización de la condición de víctima de una de las partes para castigar al victimario reorganizando la legalidad, el Derecho, e instrumentalizándolo en aras de ese acto punitivo.

La novedad, en la demanda ante la Corte Internacional de Justicia, consistió en que Morales llevó al plano internacional el populismo jurídico que utiliza en casa desde que asumió el mando en 2006 para perpetuarse y perseguir a sus adversarios. Fue la primera vez, no la única. Más recientemente ha invocado la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, es decir el Derecho Internacional, para alegar que impedirle presentarse a las elecciones de 2019, o sea a un cuatro mandato consecutivo, violaría sus derechos humanos porque el artículo 23 de ese importante documento garantiza a cualquier ciudadano la posibilidad de presentar su candidatura a un cargo de elección popular. El candidato de los pobres, de las víctimas, utiliza el populismo jurídico para modificar la legalidad, empezando por la propia Constitución boliviana que él hizo aprobar en 2009 en sustitución de la anterior y así corregir una injusticia histórica. ¿Qué injusticia histórica? El sufrimiento que la oligarquía ha infligido a sus representados, las víctimas. ¿Y qué culpa tienen de eso, en el caso de que fuera cierto, la legalidad nacional y la legalidad internacional? Toda, porque el Derecho es reflejo del imperialismo externo y de la explotación interna. Ahora bien, si el propio Derecho Internacional ofrece un filón, un resquicio, para la víctima, ella lo debe emplear en su favor. De allí que no haya, en la mente populista de Morales, contradicción entre despreciar la Convención Americana de Derechos Humanos y al mismo tiempo invocar su artículo 23, o entre atacar el orden internacional, incluyendo a la propia Corte Internacional de Justicia, y utilizar esa vía para tentar suerte contra Chile. Este pragmatismo que permite el populismo jurídico -y que para mentes menos creativas parecería la cuadratura del círculo- sirve también para que, en la práctica, Evo Morales repudie la Constitución que él mismo hizo aprobar en 2009 y haga tábula rasa del impedimento que establece para un tercer (en este caso, un cuarto) mandato consecutivo.

Por eso es bueno entender, en esta parte del mundo, que el populismo, antes que redistribución de la riqueza mediante expropiaciones, intervencionismo y proteccionismo, es una forma peculiar de entender la relación entre la legalidad y el gobernante, y entre la legalidad y los gobernados. Tan peculiar, que es la negación misma de la legalidad. Por eso puede haber populistas de derecha que crean en la empresa privada y populistas de izquierda que aborrezcan de ella: el populismo, mucho más que una receta económica, es la abolición del estado de derecho bajo un discurso emotivo que puede ser el de la justicia social o el del nacionalismo, pero que siempre coloca al gobernante que representa a las víctimas por encima de las constituciones, leyes y normas.

Así que Morales creyó que la reivindicación marítima boliviana -que muchos bolivianos de buena fe comparten, evidentemente- debía ser llevada a La Haya a partir del populismo jurídico, es decir, argumentando un absurdo. Por la forma en que utilizó esa demanda, está claro que creyó que obtendría la victoria y, lo que es más importante ahora, que gracias a ella arrasaría a quienes intentan, apoyados por una mayoría de bolivianos, impedir que sea candidato en 2019. El populismo jurídico internacional -la victoria en La Haya- le debía servir para hacer populismo jurídico doméstico, desventrando su propia Constitución.

¿Qué sucede ahora? No es difícil entenderlo, porque, en la mentalidad de Morales, lo de La Haya no es una derrota sino un revés infligido por los poderosos contra la cual hay que rebelarse. ¿Cómo hacerlo? Convirtiendo a sus adversarios en los grandes culpables de lo ocurrido en La Haya. Para un populista siempre hay una conexión entre abusadores externos y abusadores internos: el imperialismo tiene lacayos locales. Por tanto, cuando él se acercó a varios de sus adversarios para fortalecer el frente interno de cara a la demanda (haciéndose fotos con ellos, nombrándolos voceros, incluso amnistiándolos por procesos persecutorios), no estaba limitándose a hacer lo que hace cualquier gobernante en una disputa internacional, es decir construyendo una unidad interna. Estaba también protegiéndose ante la eventualidad de un imprevisto -una derrota-, de tal modo que la culpa de lo sucedido pudiera ser fácilmente trasladada a sus opositores.

Esta operación ya ha empezado, a juzgar por los ataques que ha disparado el gobierno tanto desde el Poder Ejecutivo como desde el Poder Legislativo contra exgobernantes, parlamentarios y dirigentes a los que se está acusando de antipatriotas y antibolivianos (y cómplices de Chile).

La campaña por la reelección ya está planteada como un cruce de acusaciones entre un gobierno que culpará de lo ocurrido a la oposición y una oposición que tratará de hacer lo mismo con el gobierno. Por primera vez, sin embargo, la oposición tiene posibilidades de detener a Morales. En 2005, 2009 y 2014, las tres elecciones presidenciales anteriores, enfrentarse a Morales era un acto poco menos que heroico. Todos los astros, incluyendo los de la economía, estaban alineados con él. Pero en 2016 Morales sufrió una derrota que es un parteaguas en la historia de su régimen populista. En febrero de ese año, una mayoría de bolivianos (el 51,3%) le dijo “no” en un referéndum mediante el cual pretendía cambiar las reglas de juego una vez más para violar su Constitución y ser candidato en 2019. Desde entonces, una mayoría de bolivianos se opone a sus pretensiones y ve con indignación sus operaciones de populismo jurídico (como el hecho de que el Tribunal Constitucional, otra marioneta, le diera luz verde en 2017) para revertir el resultado de la consulta vinculante. Las cosas que ayer nadie parecía reprocharle a Morales -incluyendo las persecuciones a sus adversarios, la corrupción y las graves limitaciones a la libertad de expresión y de prensa- hoy sí parecen importarle a una mayoría.

El reto de la oposición, sin embargo, es mayúsculo. Morales tiene un control del poder y de las instituciones que compensa su pérdida de apoyo popular. Ya hemos visto, en el caso venezolano, que un gobernante con poca popularidad puede durar. Además, la oposición nunca ha estado unida -más allá de esfuerzos superficiales- y no hay, en verdad, un líder definitivo. Los exgobernantes (como Tuto Quiroga o Carlos Mesa), excandidatos (como Samuel Doria Medina) o autoridades locales (como el gobernador de Santa Cruz o el alcalde de La Paz) cumplen funciones muy importantes en la resistencia contra el autoritarismo de Morales. Pero no acaba de descollar una figura en torno a la cual puedan todos aliarse para plantarle cara a Morales, no ya en las urnas sino en las calles, que es donde deben impedir su ilegal candidatura. Porque, como se ha visto en otros casos, si Morales logra ser candidato, no bastará que una mayoría vote contra él: solo un tsunami electoral de la oposición, y quizá ni eso, podrá hacer valer la superioridad numérica que a todas luces tiene hoy la oposición al gobierno.

El que crea que la derrota de La Haya es el fin de Morales se equivoca. Es solo el comienzo de la batalla final que decidirá si Bolivia se consolida como dictadura.

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