La madrugada de este domingo, el Presidente Gabriel Boric decretó estado de catástrofe en las regiones de Ñuble y Biobío, en respuesta a la crítica situación provocada por los incendios forestales de gran magnitud que afectan a ambas zonas y que han obligado a evacuaciones masivas, despliegue intensivo de recursos y coordinación permanente de los organismos de emergencia.

La decisión se adopta en el marco de la Constitución, que faculta al Ejecutivo a declarar este régimen excepcional cuando se producen calamidades públicas, como terremotos, inundaciones o incendios de gran extensión, y busca agilizar la acción del Estado frente a escenarios que superan la capacidad de respuesta ordinaria.

Control del orden público

Con la entrada en vigencia del estado de catástrofe, el gobierno podrá designar a un Jefe de la Defensa Nacional en las regiones afectadas, quien asume la coordinación de las Fuerzas Armadas y colabora con las policías y autoridades civiles en el resguardo del orden público, la protección de infraestructura crítica y el apoyo logístico a las labores de emergencia.

Asimismo, esta medida permite restringir derechos y libertades específicas, como la libertad de movimiento o de reunión, cuando ello sea estrictamente necesario para resguardar la seguridad de la población, facilitar evacuaciones, controlar accesos a zonas de riesgo o impedir acciones que puedan agravar la emergencia.

Uso expedito de recursos

El estado de catástrofe también habilita al Ejecutivo para disponer de bienes y recursos de manera más rápida, simplificando procedimientos administrativos y contractuales.

Esto se traduce en una mayor rapidez para movilizar personal, maquinaria, aeronaves, combustible, insumos médicos y ayuda humanitaria, así como en la posibilidad de reasignar fondos para enfrentar la emergencia.

En el plano social, la medida facilita la implementación de ayudas directas a las personas damnificadas, como albergues, entrega de alimentación, apoyo sanitario y eventuales beneficios económicos, en coordinación con los gobiernos regionales y municipios.

La medida tendrá una duración acotada y será evaluada de forma permanente, en función de la evolución de los siniestros y de las condiciones que permitan avanzar hacia la normalización, una vez controlada la emergencia.