El pasado martes, 17 de marzo, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la reforma constitucional ingresada por el presidente Nayib Bukele para instalar la cadena perpetua en su país.

Pero esta condena de por vida en prisión no será castigo de cualquier crimen: solo para “homicidas, violadores y terroristas”, según se lee en el artículo 27 que se aprobó como reforma en la Constitución salvadoreña.

En cambio, “se prohíbe la prisión por deudas, las infamantes, las proscriptivas y toda especie de tormento”.

Anteriormente, la pena máxima era de 60 años y la ley prohibía expresamente la cadena perpetua, ya que la prisión tenía como objetivo “corregir a los delincuentes, educarlos y formarles hábitos de trabajo, procurando su readaptación y la prevención de los delitos”.

Pero ahora, esta reforma que endurece todavía más la guerra contra las pandillas fue aprobada sin debate por 59 diputados oficialistas —la Asamblea Legislativa está dominada por el partido de Bukele, Nuevas Ideas (NI)— sus aliados y dos de oposición. Solo tuvo un voto en contra.

El último paso es que la Asamblea salvadoreña ratifique el cambio para que la pena entre en vigencia en el país.

Acusan al gobierno de Bukele de cometer crímenes de lesa humanidad

La propuesta del mandatario Bukele llegó después de que se publicara un informe donde juristas internacionales acusan a su gobierno de estar cometiendo crímenes de lesa humanidad en su régimen de excepción, estado que se encuentra activo desde hace cuatro años.

De acuerdo al documento, el presidente salvadoreño está acusado de haber asesinado, encarcelado a niños, torturado, cometido violencia sexual y desapariciones forzadas desde marzo de 2022.

El grupo internacional de expertos aseguró que presentarán estos hallazgos ante la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, Suiza.

Bukele respondió a la acusación a través de su cuenta en X: aseguró que lo que están buscando es “la liberación inmediata” de los pandilleros, una exigencia que, para él, es inaceptable.

“De verdad me alegra que se hayan quitado totalmente la máscara; así todos, dentro y fuera de El Salvador, pueden ver claramente los objetivos de estas organizaciones, que no son más que los bufetes legales internacionales del crimen. Su objetivo es claro: quieren ver caos en nuestros países”, escribió.