Las autoridades de Reino Unido anunciaron este jueves 20 de noviembre sus planes para extender el tiempo requerido para que los inmigrantes legales puedan solicitar la residencia permanente.

Desde el gobierno afirmaron que los trabajadores extranjeros tendrán que “ganarse” el derecho a permanecer en el territorio de manera indefinida.

Bajo la normativa actual, la mayoría de las personas que llegan legalmente pueden solicitar la residencia permanente después de cinco años de vivir y trabajar en Reino Unido, según rescata el New York Times.

El llamado “estatus de residente permanente” permite estudiar o trabajar en el territorio y facilita el acceso a prestaciones sociales.

Junto con ello, otorga la ciudadanía a los hijos al nacer y permite solicitar la ciudadanía británica un año después de obtener el permiso de residencia indefinida.

Con el nuevo plan anunciado por el gobierno, el tiempo requerido para solicitar la residencia permanente aumentaría al doble en ciertos casos.

Se tiene previsto que la normativa entre en vigor dentro del primer semestre del año que viene.

Cómo es la normativa anunciada por Reino Unido para solicitar la residencia permanente como inmigrante legal

La ministra del Interior británica, Shabana Mahmood, declaró ante el Parlamento que la normativa anunciada por el gobierno aumentaría el periodo mínimo predeterminado para solicitar la residencia permanente, de cinco a diez años, en ciertos casos.

Sin embargo, agregó, ese tiempo podría variar en función de la contribución del inmigrante a la sociedad.

“Establecerse en este país para siempre no es un derecho, sino un privilegio, y debe ganarse”, enfatizó Mahmood.

Precisó que el gobierno abrió un periodo de consulta de doce semanas para que particulares y grupos puedan presentar sus comentarios e inquietudes, lo que es usual en la elaboración de las políticas británicas.

Según informaciones reunidas por el citado periódico, los inmigrantes legales con mayores ingresos, las personas con ciertos puestos de responsabilidad en el sector público y quienes poseen visas de “talento global” para industrias especializadas están entre quienes más se beneficiarían con la nueva normativa.

Los inmigrantes legales que tributan al tipo impositivo más alto en el territorio —es decir, quienes ganan al menos 125.140 libras esterlinas al año— tendrán una vía más rápida para obtener la residencia permanente, ya que se les permitiría solicitarla tras tres años en lugar de cinco.

Quienes tributan al segundo tipo impositivo más alto —quienes ganan al menos 50.270 libras esterlinas al año— podrían seguir solicitando la residencia permanente tras cinco años, al igual que quienes trabajan en áreas del sector público como la sanidad o la educación.

Los padres, parejas o hijos de ciudadanos británicos podrían seguir solicitando la residencia permanente tras cinco años. También los hongkoneses que llegaron con la visa de Nacional Británico de Ultramar.

Por otro lado, la nueva normativa perjudicaría a los trabajadores con sueldos más bajos, a quienes reciben asistencia social u otras ayudas estatales y a quienes no dominan el inglés.

Para solicitar la residencia permanente, tendrían que recibir más de 12.570 libras esterlinas anuales durante al menos tres años, tener un nivel alto de inglés, no tener deudas con el gobierno británico y carecer de antecedentes penales.

Las personas consideradas “incumplidoras” de las normas y leyes británicas o que hayan realizado una “contribución negativa” desde su llegada podrían enfrentarse a un tiempo superior a diez años para solicitar la residencia permanente.

Las autoridades proponen extender el periodo de espera hasta por 20 años en ciertos casos de este tipo, lo que según rescata el Times, significaría que tendrían que vivir en Reino Unido durante 30 años para poder solicitar la residencia permanente.

De acuerdo a la ministra del Interior británica, la mayoría de los cambios podrían realizarse a través de modificaciones en las normas existentes, por lo que no sería necesario promulgar nuevas leyes.

Por lo tanto, esperan que la nueva normativa entre en vigor en abril de 2026.