Chile experimenta una transformación ineludible en su composición etaria, lo que exige reevaluar de manera urgente las políticas públicas orientadas a las personas mayores. Con tasas de natalidad a la baja y una expectativa de vida en aumento, el desafío demográfico va más allá de la mera asistencia económica y demanda una reestructuración integral que asegure la dignidad, el acompañamiento continuo y la inclusión social de un segmento poblacional que crece de forma acelerada.

Enfrentar esta realidad requiere de una perspectiva multisectorial que reúna los esfuerzos de la administración estatal como la capilaridad del sector privado, especialmente en zonas rurales y de alta vulnerabilidad.

De eso y más hablaron los protagonistas del sexto capítulo de Caja Abierta, un espacio de Radio Duna y La Tercera realizado en conjunto con Cajas de Chile A.G., que busca instalar en la discusión pública los grandes desafíos que hoy tiene el sistema de seguridad social en Chile.

Durante la primera parte del espacio, autoridades del IPS y Caja Los Héroes pormenorizaron el severo impacto del envejecimiento en la carga operativa del sistema de seguridad social. En ese contexto, Juan José Cárcamo, director del Instituto de Previsión Social, ilustró el drástico aumento en la cobertura estatal señalando que “el IPS ha duplicado la cantidad de pagos que hace a la comunidad: hace cinco años atrás pagábamos alrededor de dos millones de pagos mensuales y hoy día estamos pagando cuatro millones de pagos de beneficios mensuales, mes a mes”.

Frente a este superlativo volumen transaccional, la respuesta operativa exige una presencia territorial. Caja Los Héroes asume esta labor a través de un despliegue presencial ininterrumpido en más de 140 sucursales y casi 1.400 puntos móviles en localidades rurales aisladas.

Respecto a la naturaleza de este trabajo, Jorge Oliva, gerente general de Caja Los Héroes, enfatizó que la gestión trasciende la transacción monetaria. “Como proveedores nos dedicamos mucho a entender, a caracterizar y a comprender cómo debe ser este pago y, por tanto, el compromiso y la confianza y la cercanía que ha creado Caja Los Héroes en estos 15 años ha sido pensando en la comunidad y para la comunidad”.

Ambos directivos coincidieron en que la modernización del Estado enfrenta el riesgo de la exclusión tecnológica de los adultos mayores. Además, recalcaron la necesidad de proveer espacios físicos y programas de acompañamiento que permitan integrar la adopción digital sin prescindir de la atención presencial, que sigue siendo el canal principal para este segmento.

La nueva ley y el riesgo de ser “una declaración de buenas intenciones”

En el segundo bloque, llamado Box Populi, el foco se trasladó al análisis del aparato legislativo y las falencias sistémicas que perpetúan la precariedad de las personas mayores. La diputada Ana María Gazmuri advirtió sobre la cruda cotidianidad en las zonas periféricas, indicando que la labor con este grupo “se vuelve muy desafiante cuando esto no se comprende como una responsabilidad social y colectiva, no solamente de la familia”.

Asimismo, ilustró la gravedad de la situación relatando que “vemos a familias que salen todos a trabajar, a ganarse el pan de cada día con mucho esfuerzo muy temprano y queda esa persona mayor en la casa, en completa soledad”.

Por su parte, el diputado Cristián Neira expuso la urgencia de reestructurar las directrices estatales proyectando el impacto a largo plazo de la curva demográfica. “Para 2050, seremos cerca de un tercio de personas mayores en Chile y, al año 2070, si seguimos con esta curva descendente en natalidad o se mantiene, llegaríamos a ser la mitad de adultos mayores”.

El parlamentario valoró la reciente promulgación de la Ley Integral de las Personas Mayores, destacando la readecuación del Senama y la tipificación de nuevos delitos orientados a la protección de este sector, puntualizando que la normativa “tipifica una nueva falta, que es el abandono social de las personas mayores”.

A pesar de eso, ambos legisladores concluyeron que el éxito de esta nueva institucionalidad estará estrictamente condicionado a la asignación de un marco presupuestario real que garantice su plena ejecución.