SEÑOR DIRECTOR:

Respecto al fracaso del concurso por Alta Dirección Pública para proveer el cargo de notario, es llamativo que se intentara explicar que este mal resultado obedecería a un sistema más exigente para determinar capacidades.

Frente a esto, y dada la relevancia de cómo se seleccionan sus integrantes, se precisa: a) El proceso de precalificación de la ADP, destinado a determinar quiénes podían dar exámenes, presenta cuestionamientos, debido a que se excluyó a postulantes que contaban con estudios de especialización, incluyendo diplomados y magíster vinculados con materias propias de la función notarial y registral; b) La ley establece que los exámenes deben estar orientados a evaluar conocimientos en materia de derecho notarial y registral, sin embargo, según se ha conocido, se incorporaron materias que exceden ese ámbito y que corresponden a otras especialidades del derecho, como es el caso del derecho laboral. c) La propia ley facultó a la ADP para contratar académicos expertos en derecho notarial y registral para preparar las pruebas y no ocurrió así, no obstante que ello es fundamental, considerando la especialidad y naturaleza de las funciones que se pretende evaluar.

Este sistema de nombramientos, que ya muestra falencias al no haber sido pensado para ello, no contempla entrevistas personales, exámenes psicolaborales ni revisión de antecedentes vitales para designar a personas con integridad, probidad y altos estándares personales, exigidos en esta delicada labor.

El fracaso de este primer proceso constituye, por tanto, una oportunidad para revisar sus procedimientos, corregir deficiencias y establecer un sistema de selección que otorgue verdaderas garantías de idoneidad, transparencia y excelencia personal y profesional.

Alfredo Martin Illanes, Presidente

Gaby Hernández Soto, Vicepresidenta

Directorio Inst. Chileno de Estudios Notariales