SEÑOR DIRECTOR:

En un contexto de creciente presión sobre nuestras ciudades, las modificaciones propuestas por el gobierno a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, abren un debate sobre los posibles impactos en el bienestar de la población.

Las modificaciones preocupan por su sesgo hacia la densificación, sin un resguardo efectivo de las condiciones de habitabilidad. Aumentar densidades, alturas y constructibilidad, especialmente en vivienda económica, flexibilizando exigencias y controles no es una decisión neutra: puede traducirse en barrios saturados y en mayor presión sobre servicios ya deficitarios.

Bajo el argumento de facilitar la oferta, se corre el riesgo de consolidar entornos de menor calidad urbana, profundizando desigualdades que la planificación urbana debería corregir, no acentuar.

Si bien la propuesta avanza en agilizar procesos, especialmente en contextos de reconstrucción, preocupa que se abra la puerta a una intensificación inmobiliaria, particularmente en territorios vulnerables. ¿Cómo se evitará una nueva “Estación Central”? ¿Cómo se garantiza que la infraestructura será suficiente para sostener estas nuevas cargas?

Resulta problemático que estas modificaciones se impulsen sin abordar debilidades estructurales del propio Estado en la gestión urbana, trasladando un problema de capacidad pública hacia la flexibilización normativa. A ello se suma el carácter centralizado, sin diálogo efectivo con los municipios, debilitando su rol en la planificación y gestión de impactos territoriales.

Asimismo, preocupa la ausencia de una incorporación explícita de los riesgos socionaturales y del cambio climático, variables determinantes para la seguridad y calidad de vida.

Más que facilitar la oferta, el desafío sigue siendo construir ciudades más equitativas, resilientes y habitables.

Natalia Ramírez

Cristina Bonilla

Representantes Directiva Geógrafas Chile