SEÑOR DIRECTOR:

La absolución de los imputados en el caso SQM, tras 10 años de investigación y juicio, no debe recibirse con indiferencia. El rechazo que genera no se centra tanto en la decisión final, sino en el proceso: una duración que muestra la gestión de un persecutor penal que ignora los límites esenciales del sistema penal actual.

En octubre del 2000 se publicó el Código Procesal Penal. Luego de 25 años, los principales actores del sistema han borrado los fines y principios que lo inspiraron. Destacan (o destacaban) el principio de oportunidad y el de concentración. Los fiscales pueden no solo no iniciar una investigación o sobreseerla si los hechos no son delito o no hay pruebas. El plazo para investigar está limitado a 2 años desde la formalización (inicio de la investigación). El fiscal debiera acusar si reúne pruebas suficientes para sostener el delito y la participación de una persona.

El exceso de una década de enjuiciamiento es grosero si recordamos la extinción de la responsabilidad penal por prescripción (5 años para simples delitos y 10 para crímenes). Ese tiempo reconoce que ya no es necesaria una pena, sin perjuicio de que las pruebas pueden desaparecer. Si bien la persecución penal suspende la prescripción, un proceso por 10 años deja de ser necesario, pierde su justificación y eficacia.

El caso con más de 200 testigos, miles de documentos y más de 500 audiencias evidencia la cantidad de recursos materiales y humanos empleados, pero revela sobre todo una vulneración del proceso penal. Es una triste “celebración” de los 25 años del Código Procesal Penal chileno, que desatiende además las vidas de las personas imputadas.

Tatiana Vargas Pinto

Académica Facultad de Derecho

Universidad de los Andes