SEÑOR DIRECTOR:

En el viejo cuento del sillón de don Otto, su hija adolescente ha comenzado a pasar horas junto a su pololo y, para resolver el problema, don Otto decide vender el sillón en el cual se reúnen.

Algo muy parecido está intentando el Ejecutivo al reactivar, a través del ministro de Justicia, la discusión de un proyecto de ley de 2017 que, continuando la muy mala idea de ponerle nombre y cara a las leyes, se denomina “Ley Sayén”.

Según una nota publicada ayer por La Tercera, este proyecto consiste en que, dadas las malas condiciones de habitabilidad de ciertas cárceles y de las trabas para que mujeres embarazadas y con hijos lactantes puedan convivir adecuadamente en su interior, se propone limitar el uso de la prisión preventiva y condenas de cárcel efectiva para embarazadas y mujeres con hijos menores de tres años. El proyecto ya enfrenta muchas críticas desde el punto de vista técnico, como por ejemplo la potencial generación de un incentivo para que el crimen organizado utilice mujeres con esas características, sabiendo que no serán privadas de libertad.

Según la información proporcionada por el gobierno, el problema se presenta especialmente en las regiones de Tarapacá y Metropolitana. Pero, si eso es así, ¿a nadie se le ha ocurrido que a lo mejor la solución es mejorar la infraestructura de esos dos centros de reclusión, para iniciar un proceso de mejoría de las condiciones de privación de libertad en Chile?

Jorge Bofill

Socio de Bofill Escobar Silva Abogados