SEÑOR DIRECTOR:

El Presidente electo ha definido su próxima administración como un “Gobierno de emergencia”. En coherencia con ese mandato, una de las áreas ineludibles de la política pública sectorial es la emergencia habitacional, descrita con claridad en reciente diagnóstico del director ejecutivo de Techo.

Si bien el gobierno saliente proyecta avanzar a marzo de 2026 con la entrega de cerca de 260 mil soluciones habitacionales, esfuerzo relevante y necesario, ese progreso no llegó con la misma fuerza a quienes más lo necesitan. En campamentos, donde la meta era de 40 mil viviendas, apenas se superaron las 10 mil. La política cumplió en el agregado, pero falló en la focalización hacia la población más vulnerable, perteneciente al 10% más pobre de la sociedad. Allí, donde la informalidad laboral alcanza niveles críticos y los ingresos son altamente inestables, la política habitacional no llegó con la intensidad necesaria.

La emergencia no es solo de números, sino de prioridades. Más de 120 mil familias viven hoy en campamentos, con alta presencia de niños y con derechos básicos vulnerados. Allí el Estado está ausente, y cuando no hay Estado, proliferan la informalidad, los abusos y la inseguridad.

El gobierno entrante ha anunciado metas ambiciosas en materia de vivienda, del orden de 400 o 500 mil soluciones. El desafío será desagregar esos objetivos con claridad: cuántas estarán destinadas al 10% y 20% más vulnerable, cuántas a familias de campamentos y bajo qué modalidades y criterios de elegibilidad.

La emergencia también consiste en evitar que esta urgencia social vuelva, una vez más, a quedar al margen.

Nicolás Villar Mena

Fundación Pensar en Público