SEÑOR DIRECTOR:

Un reciente estudio del Consejo para la Transparencia encontró que apenas uno de cada cinco encargados de transparencia en organismos públicos se dedica exclusivamente a esa labor, y que en un 34% de las reparticiones existe apenas un funcionario para responder las solicitudes de acceso a la información. Dicho en simple: en muchos servicios, la transparencia funciona con lo justo. O incluso menos.

Esto trae al menos tres problemas. Primero, la sobrecarga: quienes deben responder solicitudes ciudadanas suelen compatibilizar esa tarea con otras funciones, lo que inevitablemente afecta tiempos y calidad de respuesta. Segundo, dificulta la especialización: la integridad pública exige conocimientos técnicos y criterios jurídicos que no se improvisan. Y tercero, revela que muchas instituciones no han logrado dimensionar el valor estratégico de la transparencia.

La transparencia no es un trámite accesorio ni una carga burocrática. Es una herramienta clave para fortalecer la confianza pública y prevenir irregularidades. Cuando se descuida, terminan apareciendo fiscalizaciones, incumplimientos y eventualmente sumarios que podrían haberse evitado con mejores capacidades institucionales.

En tiempos de creciente desconfianza hacia las instituciones, fortalecer la transparencia no debiera verse como un gasto, sino como una inversión en legitimidad democrática.

Roberto Munita Morgan

Director de Administración Pública UNAB