SEÑOR DIRECTOR:

Según información de 2025, la capacidad de diseño del sistema penitenciario es de 42.437 plazas para 62.336 personas, lo que equivale a un índice promedio de ocupación del 146,9%.

El aumento de plazas puede contribuir a corregir la sobreocupación y, particularmente, hacer posible aquello que el hacinamiento impide: una adecuada clasificación de los internos y una mejor gestión penitenciaria. Pero la reducción del hacinamiento constituye una exigencia doble. Es un imperativo moral. Como sostiene A. Liebling, las prisiones deben evaluarse también por su clima moral, esto es, por la medida en que el respeto, la humanidad y la equidad se expresan en las relaciones cotidianas. En recintos colapsados el personal desconoce a quienes custodia, no puede anticipar conflictos, y a la pena impuesta se añaden sufrimientos que no forman parte de ella. En palabras de la autora, “no es posible aplicar un castigo legítimo en cárceles destructivas y hacinadas”. (La prisión de Aristóteles, 2026)

Es, además, una exigencia pragmática. La evidencia muestra que cumplir condena en recintos con mejores condiciones reduce significativamente la probabilidad de reincidir. Abordar el hacinamiento es, por tanto, también una política de seguridad pública.

Sin embargo, la ampliación de plazas no basta. Una respuesta integral implica reducir ingresos innecesarios, evitar permanencias injustificadas y asegurar mecanismos adecuados de egreso. Tales estrategias combinadas permitirían tanto una mejor gestión penitenciaria como mayores posibilidades de reinserción.

Patricia Pérez Goldberg