SEÑOR DIRECTOR:

La ocupación ilegal de terrenos se ha convertido en uno de los problemas sociales más complejos y urgentes, afectando a miles de familias y a la propiedad privada. Los casos recientes de la megatoma en San Antonio y la situación de la familia Correa en Quilpué son ejemplos dramáticos de una crisis que requiere una estrategia nacional contundente.

En San Antonio, la prolongación de las negociaciones evidencia la dificultad del Estado para equilibrar el derecho a la propiedad con la necesidad habitacional de más de 4.100 familias. Si bien el diálogo es crucial, la falta de consenso a pocos días de un desalojo demuestra que las soluciones temporales no resuelven la raíz del problema, sino que posponen una confrontación inevitable. Por su parte, el caso de la familia Correa, donde una orden de demolición tardó cuatro años en concretarse, revela la lentitud e ineficiencia del sistema.

Con 1.428 campamentos a nivel nacional, es evidente que estas no son situaciones aisladas, sino la manifestación de una falla sistémica. Es imperativo que las autoridades adopten medidas más claras y rápidas para proteger la propiedad privada, mientras se implementan políticas efectivas para abordar el déficit habitacional de forma digna y legal.

Erwin Navarrete

Director Ingeniería en Construcción

Universidad Autónoma