SEÑOR DIRECTOR:

Chile necesita una política ambiental robusta, seria y legítima. Sin embargo, la implementación de la Ley N°21.600, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), avanza de manera apurada, sin reglamentos fundamentales ni consulta técnica adecuada, poniendo en riesgo industrias legalmente instaladas en todo el país.

Junto con otros gremios, no nos oponemos a la conservación, pero exigimos que se haga bien. Figuras como “sitios prioritarios” o “ecosistemas amenazados”, mal aplicadas, pueden paralizar proyectos aprobados, frenar inversiones y afectar miles de empleos. Más grave aún, se están dictando criterios mediante resoluciones simples, sin el respaldo reglamentario exigido por la ley, lo que resulta irregular y vulnera la certeza jurídica.

Pedimos una pausa y una corrección de rumbo. Este no es un problema solo de la minería: impacta también en energía, infraestructura, agricultura y telecomunicaciones.

La protección ambiental no puede significar detener el desarrollo. Hacemos un llamado al Estado —y a quienes aspiran a gobernar Chile— a incorporar este tema en su agenda con visión, diálogo y responsabilidad.

Dominique Viera

Presidenta de Aprimin