SEÑOR DIRECTOR:

En un escenario de evidente estrechez fiscal, el presupuesto que propuso el gobierno para el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) en 2026 contempla algunos aspectos que queremos destacar. En especial, el aumento de 11% anual de los recursos para financiar la política habitacional (compra, arriendo o reparación de viviendas) y de 29% de la partida que permite, entre otras cosas, anticipar recursos para el inicio de nuevos proyectos de viviendas sociales.

Estas cifras son meritorias en sí mismas porque ayudarán a combatir el déficit habitacional. Pero también porque constituyen un claro reconocimiento de los compromisos económicos que el Estado mantiene con empresas constructoras y, al mismo tiempo, reflejan su voluntad de hacerse cargo de estos, aun cuando estemos hablando de fondos que solo estarán disponibles a partir del próximo año.

Quedan, eso sí, dos dudas por despejar. La primera es si lo recursos previstos para 2026 serán o no suficientes para que el Minvu y los Serviu regionales se hagan cargo de la totalidad de los compromisos que tienen pendientes. Lamentablemente, la imposibilidad de acceder al detalle de cómo se componen estas cifras hace que no sea factible responder esta pregunta.

La segunda duda es cuánto presupuesto quedará disponible para financiar nuevos proyectos de viviendas, y que la política habitacional tenga así la continuidad que demanda, una vez que el Estado se ponga al día con sus contratistas. Datos más, datos menos, lo cierto es que la demanda por viviendas crece más rápido que la oferta y que, si no logramos reducir y eliminar esta brecha, el déficit habitacional seguirá siendo una deuda social que ningún gobierno podrá enfrentar con éxito.

Alfredo Echavarría F.

Presidente

Cámara Chilena de la Construcción