SEÑOR DIRECTOR:

Resulta impresentable la desidia de los actores que podrían disminuir la prevalencia de la explotación sexual comercial infantil, la peor vulneración de derechos en niños. Sobre todo, niñas en situación de pobreza, sin un entorno familiar que las resguarde y que viven en cuidados alternativos residenciales, bajo instituciones administradas por el Estado o por privados. En ese grupo, el riesgo de explotación supera el 30% y, en ciertos recintos, llega al 100%.

Esta grave vulneración es más terrible cuando la responsabilidad es del Estado, que ya tiene una cautelar interpuesta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dado que no solo no responde a la vulneración de derechos más grave, sino que mantiene la misma oferta de servicios, la residencia, a pesar de la extensa evidencia, local e internacional, y del sentido común, de lo contraproducente que es enviar a una niña a un lugar donde acechan redes de explotadores sexuales.

El escenario es abrumador. En el Poder Judicial, algunos jueces de familia, siguen derivando niñas a lugares donde saben que la probabilidad de explotación es alta. Por su parte, el Poder Legislativo, en lugar de impulsar leyes que fortalezcan cuidados familiares profesionalizados, se limita a oficiar a directores de servicios para pedir explicaciones. El Ejecutivo, asimismo, no logra modificar reglamentos que permitan financiar servicios acordes a los derechos humanos. Y la sociedad civil, que proclama proteger a la niñez, no logra articularse para exigir un cambio que permita mejorar la calidad de los programas de cuidados familiares profesionales, los que bien diseñados y financiados son, sin duda, una mejor alternativa para las víctimas que la residencia.

Como Fundación San Carlos de Maipo hacemos un llamado a generar una oferta programática que permita mover la aguja, que desarme este escenario, porque actuar es urgente, no podemos seguir esperando.

Rafael Rodríguez

Gerente general de Fundación San Carlos de Maipo