SEÑOR DIRECTOR:

El reciente editorial de La Tercera, “Graves fallas para abordar la infancia vulnerada”, resume acertadamente la grave crisis que enfrenta el Servicio Mejor Niñez, y el piso de protección social mínimo que requiere una instancia que –se entiende– opera dentro de la mayor vulnerabilidad que enfrentan niños.

Las fallas documentadas son graves, como también lo son las conclusiones de las comisiones de Familia, en el Senado, y de Desarrollo Social, en la Cámara, donde el trabajo encabezado por la diputada Marlene Pérez, a raíz de los fallidos procesos licitatorios, dio cuenta de las listas de espera que hoy enfrenta el servicio que, según la propia autoridad, alcanza a 41 mil niños.

El sistema integral de protección cuenta con las Oficinas Locales de la Niñez, ya instaladas en varias comunas, pero con falta de oferta preventiva y potestad administrativa efectiva para ejercer la provisión desde el intersector, el que a su vez no dispone de cobertura ni especialización necesaria a nivel local.

Lamentablemente, la Ley de Garantía, marco del sistema, se transforma en la expresión de un catálogo de derechos sin mecanismos de exigibilidad ni sanciones al incumplimiento de los distintos servicios y ministerios. De hecho, en la discusión del proyecto de armonización de las leyes de niñez se propone la eliminación del “desacato” del artículo 71 y la definición de “protección judicial” del artículo 57, corriendo el riesgo de transformar ese mandato en solo una sugerencia, lo que debilita más aún la fuerza en el ejercicio de la ley.

La reforma que impulsó la creación del Servicio de Protección Especializada no solo no ha revertido la grave crisis del antiguo Sename, sino que en algunas dimensiones la ha amplificado, como en el crecimiento de casos de explotación sexual infantil.

Estas dificultades han impulsado a mirar el sistema de acogimiento familiar; sin embargo, se requiere que la subvención a las familias de acogida se iguale a la residencial. Es fundamental partir por cumplir con la ley que establece la desinternación de niños de 0 a 3 años, que hoy se acerca a los 800 niños bajo grave riesgo de las secuelas de la institucionalización.

Es urgente que se ponga foco en la reducción de las listas de espera, pero también en la calidad y complejidad de las intervenciones con base en las distintas vulnerabilidades. Ad portas de la elección presidencial, este debe ser un mandato ético y fundamental; no podemos avanzar en una sociedad más justa si marginamos y olvidamos a la niñez que debemos proteger.

Marcelo Sánchez

Gerente general Fundación San Carlos de Maipo