SEÑOR DIRECTOR:

La acusación constitucional se ha convertido en una herramienta de crítica política frecuente y no en un genuino mecanismo excepcional de responsabilidad. Los beneficios de este uso son efímeros, pero sus costos son altos: dañan el presidencialismo, afectan a distintos gobiernos y empobrecen el debate sobre políticas públicas. Algunos argumentan que esta práctica ha “mutado” la Constitución, pero esto solo normaliza una desviación perjudicial.

El caso contra Diego Pardow es un buen ejemplo. Reduce problemas complejos a una disputa moral simplista sobre culpabilidad personal, en la que la supuesta aplicación de causales genéricas y su conexión con la violación de principios abiertos ayudan poco o nada a avanzar en el debate y crean incentivos para que gobiernos futuros intervengan en instituciones que deberían ser autónomas.

La acusación constitucional debe verse como un “botón nuclear”: existe para no ser usada, exigiendo contención recíproca y justificando su uso en casos extremos. La dinámica actual solo promueve la destrucción mutua. No tiene sentido a largo plazo y genera una lógica de revancha que perjudica al sistema. La oposición actual, próxima a ser gobierno, tiene la oportunidad de iniciar un consenso que restrinja su uso cortoplacista y ignore los beneficios efímeros a favor de una mirada de largo plazo que sea útil para todo gobierno futuro, cualquiera sea su color político.

Sergio Verdugo

Profesor de Derecho Constitucional

IE University | UDD