EL GOBIERNO se abrió a la opción de introducir cambios o elementos adicionales en el proyecto de reforma tributaria. Dichos cambios serían bienvenidos, en especial si tienen en consideración los impactos de la normativa propuesta sobre la inversión y el deteriorado nivel de confianza que muestra el sector productivo privado, según confirman diversas encuestas y estudios.

Se menciona la alternativa de incorporar incentivos al ahorro, en particular para empresas de pequeño y mediano tamaño que, gracias a su posibilidad de acceder a la depreciación automática, no verían mayormente afectadas sus opciones de inversión en capital fijo, pero sí requerirían incentivos para ahorro de recursos destinados a otro tipo de desarrollos. También parece existir consenso en torno a la necesidad de realizar modificaciones en aspectos de la reforma tributaria que, sin formar parte del denominado “corazón del proyecto”, resultan especialmente perjudiciales para algunos sectores o abren un serio riesgo de constitucionalidad. Este último defecto de la reforma ha sido ampliamente secundado por expertos constitucionalistas y la oposición ha anticipado que, a su debido momento, planteará las objeciones correspondientes.

Todo indica que Hacienda buscará la forma de presentar estas modificaciones como la consecuencia de un proceso de diálogo con diferentes sectores, aunque el trámite de este proyecto haya estado lejos de ese espacio de reflexión que merece una reforma tan profunda al régimen tributario vigente. Incluso ahora, si la apertura a los cambios fuera coherente con esta lectura del impacto de la propuesta en la economía, sería mejor avanzar en una evaluación mayor que no deje fuera de la revisión a ese llamado “corazón del proyecto”. En caso contrario, parecerá que la posibilidad de introducir reformas obedece más a cuestiones comunicacionales que a verdaderas consideraciones conceptuales.