Que Sebastián Piñera vendería Lan sólo una vez que fuera electo y que se quedaría con Chilevisión y Colo Colo fueron temas de la agenda durante la campaña electoral. El traspaso de la propiedad del canal de televisión a una fundación fue parte de las consultas periodísticas en el último debate. Los electores tomaron su decisión con conocimiento de estas cuestiones. El voto debe ser libre, secreto e informado, y si algunos ahora tienen dudas acerca de esto último, el tema de análisis debe ser otro, distinto y más alarmante.
Antes de iniciarse el período legal de campaña, Piñera traspasó -sin obligación legal-, parte de su patrimonio a un fideicomiso ciego, y desde esa fecha ni él ni los ciudadanos sabemos dónde está invertida su plata. Esto era lo que muchos en la Concertación le exigían con majadería que hiciera, pero no quieren tener que hacer ellos, de ahí que aún no exista la ley correspondiente.
Luego de la elección, quedó claro que la relación entre política y negocios era una cuestión que más bien preocupaba a una elite, pero que la mayoría valoró de manera distinta. En los últimos 20 años, han existido algunos manejos opacos de platas públicas, pero en lo que respecta a la riqueza de Piñera, la opinión pública ha conocido todo con una transparencia que se desearía en algunos ámbitos de la administración pública.
Es de sentido común que si alguien, como fruto de su trabajo, ha formado una fortuna, quiera mantenerla, y también será legítimo que luego quiera recuperar sus empresas. Lo que debe interesar a los ciudadanos es que el Presidente se desvincule de la administración diaria de sus negocios mientras ejerce el cargo y que se concentre en la dirección del gobierno. Lo que acontezca con su dinero, no existiendo conflictos de interés, es asunto de él. A la opinión pública le incumbe lo que ha ocurrido en el pasado y sucederá en el futuro con los dineros del Fisco, que sí es asunto de todos.
Si el objetivo de Piñera -en los próximos cuatro años- fuera acrecentar su capital, mejor entonces seguía dedicado exclusivamente a ello. En definitiva, igual se le criticará al finalizar su período, ya que, inevitablemente por simple desarrollo natural, será más rico. En este contexto, los detalles acerca de cómo se gestionará Chilevisión a través de una fundación, en realidad, son intrascendentes.
Es utópico exigir a Chilevisión una independencia que no es posible para un medio de comunicación ni para ninguna organización ni persona. No existe la independencia, así como no existe la objetividad. No pasan de ser ideales a los que se puede aspirar, pero imposibles de alcanzar. Un medio de comunicación debe tener línea editorial u orientaciones programáticas, que necesariamente fijan el enfoque de su programación. La mayoría de las veces el encuadre final será dado por los propios periodistas.
Si la idea es que sea autónomo de su dueño, para que éste no pueda influir en su contenido, el momento clave era durante la campaña y su posible utilización en beneficio del candidato, lo que claramente no sucedió, ya que habría sido ampliamente denunciado. El "producto" de un medio de comunicación es público y conocido, y de existir un determinado sesgo no pasa inadvertido. El mismo "control" seguirá existiendo sobre Chilevisión o cualquier otro medio.
Claramente la Concertación, desde la oposición, será una eficaz fiscalizadora en estos aspectos; tarea que los ciudadanos esperamos que emprenda con profesionalismo y seriedad y no que, con ánimo revanchista, se dedique sólo a criticar y obstruir, como algunos -tal vez por el calor del verano- han amenazado.