FINES del año pasado, el Tribunal Oral en lo Penal de Arica, declaró inocentes por unanimidad a todos los inculpados por dos supuestas operaciones de narcotráfico, respecto de las cuales figuraban como imputados cuatro efectivos de Carabineros, dos oficiales -que ostentaban las calidades de jefe y subjefe del OS 7 de esa ciudad-, y dos suboficiales, además de civiles que tenían el carácter de informantes.

Al otorgar la plena absolución, el tribunal declaró que dichas operaciones constituían entregas controladas de drogas en conformidad a la ley, que los funcionarios policiales en última instancia obraron en cumplimiento de sus funciones y bajo el conocimiento del fiscal competente -aunque éste lo negara-, calificando la investigación que llevó adelante el Ministerio Público no sólo como un procedimiento de legalidad cuestionada, sino de derechamente como "torcida". Esta decisión fue ratificada también por unanimidad por la Corte de Apelaciones de Arica, al desestimar un recurso de nulidad intentado parevertirla. Además, el órgano persecutor, como asimismo el Consejo de Defensa del Estado y el Ministerio del Interior, en cuanto querellantes, fueron condenados a pagar las costas del juicio, que se tasaron en $ 480 millones.

La inédita declaración por parte de los tribunales que un fiscal del Ministerio Público en definitiva habría faltado a la verdad en el ejercicio de sus funciones y que se habría llevado adelante una investigación torcida, es de la mayor gravedad y no tiene precedentes. No obstante ello, y habiendo transcurrido varios meses, no ha generado, que se tenga conocimiento, reacción alguna del órgano persecutor tendiente a esclarecer los hechos y establecer las responsabilidades de una situación que puede afectar severamente su credibilidad. Si bien las fiscalías están llamadas a investigar y ejercer la acción penal ante hechos que en su concepto revistan el carácter de delito, están legalmente obligadas a adecuar sus actos a un criterio objetivo, velando únicamente por la correcta aplicación de la ley, lo que de acuerdo con el criterio enunciado por el tribunal de la causa, en el hecho no se cumplió; peor aún, que se actuó en forma torcida. Si ya es cuestionable que los fiscales incurran en actuaciones irregulares para inculpar a cualquier ciudadano, en el caso ello es más condenable aún, por cuanto se acusó de narcotráfico a los funcionarios policiales precisamente encargados de combatir esta lacra en la ciudad más aquejada por el tránsito ilícito de estupefacientes del país, quienes tenían el carácter de colaboradores del Ministerio Público y que por desempeñarse en el ambiente complejo del mundo del tráfico de drogas, requieren especial respaldo en sus funciones. Finalmente, fruto de la imputación a los policías, los verdaderos responsables del narcotráfico quedaron libres y se fueron del país.

El Ministerio Público es autónomo, pero no puede hacer caso omiso de un pronunciamiento de tribunales que han cuestionado severamente su proceder, calificándolo de irregular, y que, además, le ha acarreado un elevado costo económico, que en definitiva será soportado con recursos de todos los chilenos. En estas circunstancias, el órgano persecutor no tiene otra alternativa, en aras de una mínima transparencia y autocrítica, que realizar una investigación formal y acuciosa para establecer la verdad de los hechos y sancionar a los eventuales responsables.