El 28 de abril, los accionistas minoritarios de Farmacias Ahumada pidieron conocer la identidad de los funcionarios de la empresa involucrados en las alzas concertadas de precios entre noviembre de 2007 y abril de 2008. Y pidieron la salida de todos ellos. La administración, liderada por su presidente y su vicepresidente, se negó a revelar los nombres y advirtió que no haría una caza de brujas contra ellos.

La Fiscalía Centro Norte investiga a cuatro funcionarios de Fasa que hoy siguen activos y ocupan posiciones medias. Algunos de ellos, dicen fuentes ligadas al caso, corresponden a los ejecutivos que admitieron participación en los hechos investigados, aunque no en delitos. Todos ellos ya declararon como imputados.

La Fiscalía ya interrogó a Paula Mazzachiodi Armijo, subgerente de Farma RX, la que tiene a su cargo la gestión y administración de remedios crónicos; y Jaime Trewik, quien ocupa el puesto de subgerente de planificación comercial de la compañía. Ambos figuran como accionistas de Fasa en la lista vigente en la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), pero con participaciones indeterminadas inferiores al 1%.

Mazzachiodi es de profesión química farmacéutica y tiene bajo su mando, dicen fuentes vinculadas a la compañía, a cuatro category manager, funcionarios que administran y gestionan determinadas familias de medicamentos. Dos de estas profesionales ya han declarado en la investigación que dirige el fiscal de asuntos económicos, Luis Inostroza. Ellas son Lisete Carrasco López, ingeniero comercial, y Alejandra Araya Donoso, química farmacéutica. Estas ejecutivas, más Mazzachiodi, manejan varios productos incluidos entre los 222 que subieron de precios en el período cuestionado por la Fiscalía Nacional Económica. Araya y Carrasco tienen abogados externos a Fasa y su defensa fue asumida por los abogados Rodrigo González, Pablo Larredonda y Sergio Caro, todos ex fiscales de la Fiscalía Metropolitana Oriente que han intervenido en casos como Corma, Registro Civil y Chiledeportes.

El rol, según Fasa

Fasa dijo, en el pacto con la FNE que en noviembre de 2007 "algunos ejecutivos de Fasa mantuvieron contactos personales con ejecutivos de algunos laboratorios con el objeto de reducir los costos de compra (...) conversaciones en las cuales algunos de tales ejecutivos de laboratorios transmitieron a los ejecutivos de Fasa la proposición de alzar coordinadamente los precios de las tres compañías (Fasa, SalcoBrand y Cruz Verde)".

Por esa razón, para el Ministerio Público, así como para la FNE, los testimonios de estos ejecutivos resultan clave y por ello Fasa aceptó mantenerlos en sus cargos mientras dure el el juicio, lo que se estima tomará 2009.

En total, la Fiscalía ha interrogado como imputados a seis personas vinculadas a Fasa, dos de los cuales ya no están en la firma: el ex gerente general, Sergio Purcell, y el ex gerente comercial, Ricardo Ewertz, quienes negaron vinculación con el caso.