Una fuerte división en cuanto a lo que se espera de la organización política futura del país mostró la encuesta de opinión pública denominada “Voces ciudadanas para la constituyente”, realizada que por la Asociación Investigadores de Mercado y Opinión Pública de Chile (AIM). Esta, además, reflejó que sólo un 49% se inclina por mantener un régimen presidencial con iniciativa exclusiva en ciertas materias y el manejo de las urgencias, mientras que un 51% prefiere uno semipresidencial.

El estudio contempló una muestra de 2.873 encuestas aplicadas en 16 regiones del país a hombres y mujeres mayores de 18 años, representativos de los distintos estratos sociales, entre el 23 y 30 de marzo, más 68 entrevistas audiovisuales. De los encuestados, un 53% declaró haber participado en el plebiscito versus un 47% que no asistió.

El informe -que se realizó de forma colaborativa entre 22 empresas de investigación de mercado- ahondó en los contenidos que, a juicio de los chilenos, debe tener la Nueva Constitución. Y mostró que los mayores disensos se dan respecto de la institucionalidad. Así es como en cuanto al tipo de Congreso que debiese tener nuestro país, un 55% cree que sería mejor contar con una sola cámara legislativa frente a un 45% que menciona un congreso bicameral, como el que existe hoy con diputados y senadores.

También hay una división entre la posibilidad de reelección inmediata del Presidente, que marcó un 41%, versus un 59% que prefiere mantener el estado actual que no la permite.

Otro respuesta similar se refleja en cuanto a la participación en elecciones, pues un 54% optó por voto voluntario y un 46% por voto obligatorio.

Un tema valórico aparece también en los disensos. Respecto del tipo de familia que debe ser reconocido en la Carta Fundamental un 63% menciona la familia diversa “formada por personas independientes de su sexo al nacer, género”, y un 37% se inclina por familia tradicional “formada por un hombre y una mujer”.

Por otro lado, los mayores consensos entre los chilenos que se observan en la encuesta se dan en torno a un Estado Plurinacional (69% versus 31%); un Estado paritario en cuanto a género (70%/30%); un Estado Pro-Ambiente (78%) en vez de Pro crecimiento (22%); un Estado benefactor que garantice el acceso y calidad de los derechos sociales (76%) frente a uno subsidiario que “le da la responsabilidad al mercado sobre la calidad de la salud, vivienda, pensiones y educación (24%).

También un 79% cree que el período presidencial debiese durar 4 años frente a un 21% que señala que debiese ser más largo.

Cambiar la Constitución no es prioritario

El estudio presentó un listado de 17 problemas, y preguntó por los principales problemas a resolver con mayor urgencia. En el top 3 aparecen la delincuencia con un 39%, la salud con un 36% y pensiones con un 28%. Y aunque la elección de convencionales está a un mes de distancia, la Nueva Constitución aparece en el lugar 11 de las urgencias con solo un 13%, mismo porcentaje que inmigración y vivienda.

Sin embargo, cuando se refiere a la expectativa frente a las elecciones, la de constituyentes es calificada junto a la de alcaldes como “muy importante”, con un 62% y 66% respectivamente. Por lo mismo, ambas figuran como las que más motivan a asistir a las urnas.

Ahora, al analizar la submuestra, dividiendo entre los que fueron a votar al plebiscito constitucional y los que no, un 59% de los que asistieron responden que la elección de constituyentes es la que más los motiva a votar versus el 29% de los que no participaron del referéndum de octubre. Estos últimos mencionan con un 32% que les motiva más la elección de alcaldes.

El informe también muestra un nivel alto de información en la ciudadanía. Medido con una nota de 1 a 4, donde 1 es “nada informado” y 4 “muy informado”, en los niveles más elevados -3 y 4- un 59% dice estar al día con la forma en que serán elegidos los candidatos a la Convención; un 61% de los contenidos que cree son relevantes; un 49% de los candidatos de su distrito; y un 54% del contenido de la actual constitución.

Nuevamente hay una diferencia relevante entre las personas que fueron a votar el 20 de octubre y las que no: en los cuatro niveles de información, las primeras muestran un 67% promedio versus un 43%.

El estudio estableció dos índices. Uno, para conocer el nivel de implicación de las personas con el proceso constituyente mediante acciones como leer el texto de la actual Carta, ver noticias, participar en reuniones con candidatos, etc, reflejando que un 18% revela un nivel alto, 30% un medio y un 52%, bajo.

Respecto del nivel de información -como el contenido de la actual constitución, los contenidos relevantes en debate, la forma de selección de los candidatos-, se mostró que un 27% tiene un nivel alto, un 41% medio, y un 30%, bajo. “Tres de cada 10 personas posee altos niveles de información” sobre el proceso, es una de las conclusiones del informe.

Confianza en el proceso

Respecto a las expectativas de los encuestados sobre lo que puede generar el proceso constituyente, la mayor parte -con un 32%- dice tener “mucha confianza” en que se “podrán resolver los problemas como las pensiones, calidad de la salud, educación, empleo o sueldos” y que podrá generar “un nuevo acuerdo social que traiga cambios positivos para el país y la democracia”.

En contraste, un 18% señala que no tiene “nada de confianza” en que los “distintos sectores políticos vuelvan a dialogar y busquen acuerdos para mejorar la vida de las personas”, mientras que sólo un 16% tiene “mucha confianza” en que se retomen los entendimientos.

Cuando la encuesta hace un zoom a los contenidos, el nivel de respuestas es revelador respecto de las aspiraciones de la ciudadanía. Consultados por los 5 derechos más importantes que deben ser garantizados en la nueva Constitución, los sondeados resaltan el derecho a la educación (61%), a la protección de la salud (54%), a seguridad social (pensiones) (48%), al agua (43%) y a Vivienda (39%).

En la parte de abajo de ese listado de 16 posibilidades aparecen el derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas (8%), el derecho a la propiedad (16%) y la libertad de emitir opinión e informar sin censura previa (17%).

Si estas respuestas se analizan por grupos etarios y socioeconómicos, no existe mucha diferencia en cuanto a la valorización por tramos de edad, pero sí por estrato. En los niveles alto (ABC1) y C2, en el quinto lugar se opta por el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona, y colocan en un tramo superior (nivel 11) el derecho a propiedad.

En cuanto a los deberes que un ciudadano debe cumplir, en orden de importancia aparece con un 61% el proteger los recursos culturales y naturales del país; cumplir la ley y hacerlo con estricto apego a las normas y respeto a los DDHH (53%); ejercer el derecho a Voto (45%); promover el respeto a la diversidad e interculturalidad (43%); defender y difundir los derechos humanos (36%); honrar la patria, defender su soberanía y contribuir a preservar la seguridad nacional (29%); y en último lugar, con un 20%, el pagar los impuestos.

En estas respuestas se observan diferencias por edades. Mientras los jóvenes entre 18 y 29 años colocan en segundo lugar de importancia promover el respeto a la diversidad e interculturalidad, los mayores de 45 años responden en primer lugar el cumplir la ley y hacerlo con estricto apego a las normas y respeto a los DD.HH.