Una extensa jornada tuvieron este miércoles el ministro de Hacienda, Mario Marcel, junto a la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, en el Congreso Nacional. Primero, por la mañana expusieron ante la Comisión de Hacienda del Senado y luego en la tarde se trasladaron a esa misma instancia, pero de la Cámara de Diputados.

El objetivo fue explicar y aclarar la confusión y el error en la interpretación que existía a nivel parlamentario sobre los recursos de los gobiernos regionales (Gores), ya que estaba instalada la noción de que los problemas de platas en estas reparticiones había sido producto de una modificación presupuestaria del actual gobierno, ocurrida el año pasado, en la tramitación del Presupuesto fiscal de 2023.

Ese fue uno los primeros temas que se abordó en ambas instancias. “Lo que se ha ido construyendo en la opinión pública es la idea de que en 2023 se rebajaron sustancialmente las exigencias para los gobiernos regionales, que habrían generado la posibilidad de abusos de estos convenios con fundaciones sin fines de lucro, y se han construido hipótesis y acusaciones”, partió señalando el secretario de Estado.

Para respaldar su argumentación dijo que actualmente hay 20 fundaciones investigadas por la fiscalía, de las cuales 18 corresponden a situaciones en 2022 y dos en 2023. Mientras que, si se analiza lo que está haciendo la Contraloría, hay 22 fundaciones investigadas y cinco relativas a 2023.

De acuerdo a la exposición, se mencionó que la “Dipres diagnosticó que la Ley de Presupuestos 2022 tenía mayores incentivos a transferir a instituciones privadas por sobre las públicas y a una tardía ejecución presupuestaria. Ejemplo de esto son los altos montos transferidos los últimos meses del año 2022. A partir de ese diagnóstico se propusieron modificaciones en el proyecto de ley de Presupuestos de 2023. Este reordenamiento implicó crear una partida presupuestaria y modificar glosas, lo que se realizó para equiparar la regulación de los Gobiernos Regionales a la del Gobierno Central”.

De esta forma, según detalló Marcel, en la Ley de Presupuestos 2023 se fortaleció la capacidad ejecutora propia de los gobiernos regionales para que ellos mismos puedan llevar a cabo programas, además de incentivar la transferencia a entidades públicas por sobre a entidades privadas. “Esto llevó a modificar la forma en que se registran los recursos transferidos, para que fuera lo más similar a la que procede cuando se traspasan recursos entre organismos del gobierno central. No obstante, se mantuvo la regla general de que las transferencias se dan por ejecutadas una vez hechas. En esa parte no hubo ningún cambio, a diferencia de lo que se ha intentado instalar”, enfatizó.

Además, las autoridades indicaron que “con el objetivo de homologar las operaciones de los Gobiernos Regionales con el Gobierno Central y a solicitud de los Gobiernos Regionales, se posibilitó a los organismos regionales ejecutar proyectos acotados -como la mantención de parques y sanitización de espacios públicos- con instituciones privadas sin fines de lucro”.

El ministro indicó que en el Presupuesto 2023, en la glosa que regula las transferencias presupuestarias a través del subtítulo 24, el año 2022 establecía que en el caso de las asignaciones concursables debían existir dos años de requisito mínimo. Sin embargo, explicó que el inciso posterior (de asignación directa) se excluía de toda regulación, lo que en la práctica facilitaba la asignación directa de recursos. “Esta glosa fue corregida en la Ley de Presupuestos 2023 con el objetivo de aumentar la concursabilidad, y disminuir y regular más robustamente las asignaciones directas. De esta forma, se incrementó el porcentaje concursable y se eliminó la mención a los dos años. Esto último, porque dicha asignación se encuentra dentro del ámbito de regulación de las transferencias corrientes, las que son normadas mediante el artículo 23 de la Ley de Presupuestos, que obliga a realizar concursos para ejecutar dichas transferencias a instituciones privadas. Por lo tanto, en el Presupuesto 2023 los gobiernos regionales no podrían transferir recursos a fundaciones con menos de dos años de experiencia, sin realizar concurso público”, puntualizó el titular de las finanzas públicas.

Sobre lo mismo, Marcel dijo que en esta Ley de Presupuestos vigente se establecieron todos los requisitos de reglamento, publicidad y otros que la asignación directa no tenía anteriormente. “Entre esas nuevas regulaciones se definió que los gobiernos regionales deberán definir sus propios reglamentos tomados de razón en Contraloría General de la República y publicados en sus páginas webs”, dijo.

Pese a que buena parte de la sesión en la comisión Marcel y Martínez se dedicaron a explicar que lo que hizo la Ley de Presupuestos 2023 no fue flexibilizar ninguna norma, sino que simplificar en menores glosas los recursos para los gobernadores regionales y darle una mayor capacidad ejecutoria, es decir, que puedan directamente realizar procesos de inversiones, las preguntas de los senadores apuntaron a una cierta flexibilización.

Ante esa insistencia, el titular de las finanzas pública acotó que parte de lo que se hizo en 2023 fue el avanzar en el proceso de descentralización, que tuvo como hito importante la elección de los gobernadores y tener recursos. “En el Presupuesto 2023 no se redujeron los estándares, no se redujeron las exigencias, ¿dónde se ve esa reducción de las exigencias? ¿Que nos digan dónde está esa reducción?”, demandó, y agregó: “Les hemos dicho: los cambios que se hicieron fueron para eliminar normas redundantes. Por lo tanto, pido ¿dónde ustedes (senadores) ven que se redujeron exigencias?”.

Ante la pregunta de los parlamentarios de qué es lo que había pasado entonces con los recursos de los gobiernos regionales, Marcel dijo que “la dinámica de este episodio es similar a otros que hemos tenido, que es en el fondo cuando uno tiene una regla de carácter general, se toma una excepción y esa excepción se transforma en la regla y ahí hay abuso”.

La directora de Presupuestos, Javiera Martínez, sostuvo que “ya se está trabajando para fortalecer la regulación sobre trasferencias de recursos públicos a instituciones privadas sin fines de lucro. Esto se traduce, por ejemplo, en que el proyecto de Ley de Presupuestos 2024 que estamos formulando está considerando mejoras que permitan velar porque los recursos se ejecuten de manera eficiente, segura y transparente”.

Marcel adelantó también que se seguirán reduciendo glosas presupuestarias que establecen excepciones a normas generales. También se ampliarán las exigencias de concurso público a todas las transferencias a instituciones privadas, aumentar la exigencia de antigüedad de las instituciones a cinco años, exigir la rendición de cuentas usando la plataforma de la Contraloría y la aprobación del Consejo Regional en mayoría de proyectos.