Este martes se hizo evidente la presencia de militares en ciudades como Quito y Guayaquil, entre otras, donde realizaron controles de armas y revisiones a pasajeros del transporte público y en las calles. Ello, un día después de que el Presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, decretara el estado de excepción para todo el país ante un aumento de los índices de criminalidad a causa del narcotráfico.

“Empezando de inmediato, nuestras Fuerzas Armadas y policiales se sentirán con fuerza en las calles, porque estamos decretando el estado de excepción en todo el territorio nacional”, dijo el mandatario en una alocución transmitida la noche del lunes por el canal estatal Ecuador TV.

La medida, declarada para 60 días, fue adoptada por “grave conmoción interna”, de acuerdo al decreto. El estado de excepción permite a los militares unirse a los operativos policiales en nueve de las 24 provincias que son consideradas como críticas por el aumento de la delincuencia, incluida Guayas. Los operativos serán de control de armas y de estupefacientes y patrullajes las 24 horas al día. En el resto del país la policía aumentará la vigilancia y el control a los ciudadanos en calles y espacios públicos.

“Daremos a las fuerzas del orden el respaldo necesario para llevar a cabo su lucha contra el crimen”, afirmó Lasso, señalando que el Ejecutivo creará una unidad de defensa legal para proteger a los agentes que sean demandados por “simplemente cumplir con su deber”. “Actúen, señores integrantes de las fuerzas del orden, con la valentía que los caracteriza. Este gobierno indultará a todos aquellos que hayan sido injustamente condenados por haber cumplido con su labor”, expresó el presidente.

El gobernante de derecha, además, decidió el lunes cambiar a su ministro de Defensa en medio de una crisis carcelaria que dejó un centenar de reclusos muertos y una “etapa de inseguridad” en el país por efectos del narcotráfico. Juramentó al general retirado Luis Hernández en reemplazo de Fernando Donoso, excomandante de la Marina.

“En las calles del Ecuador hay un solo enemigo: el narcotráfico”, aseguró Lasso, que asumió el poder en mayo. El estado de inseguridad “no solo se refleja en la cantidad de droga consumida en nuestro país, sino en la cantidad de crímenes que hoy tiene relación directa o indirecta con la venta de estupefacientes”, señaló el mandatario, quien este martes recibió en Quito al jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, para dialogar sobre seguridad y narcotráfico.

“En los últimos años el Ecuador ha pasado de ser un país de tráfico de drogas a uno que también consume drogas”, según Lasso. Su ministra de Gobierno (Interior), Alexandra Vela, dijo recientemente que el país sudamericano, ubicado entre Colombia y Perú, los mayores productores mundiales de cocaína, pasó de ser un punto de tránsito a bodega del narcotráfico. Los decomisos de drogas entre enero y octubre llegaron al récord de 147 toneladas contra las 128 toneladas de 2020, de acuerdo con cifras oficiales.

Hace dos semanas, miembros de grupos criminales vinculados a carteles de México y Colombia que están presos y se disputan el poder se enfrentaron a balas en una penitenciaría de Guayaquil, dejando 119 reclusos muertos en lo que constituye una de las peores masacres carcelarias en la historia de América Latina. En lo que va de 2021, en varias revueltas carcelarias producidas en Ecuador han fallecido 238 presos, consignó France Presse.

Lasso apuntó que más del 70% de las muertes violentas que ocurren en la provincia costera de Guayas (cuya capital es Guayaquil) está de alguna forma relacionada con el tráfico de drogas. “Cuando el narcotráfico crece, aumentan también sicariatos y homicidios”, además de otros delitos como robos, dijo el mandatario. Entre enero y octubre de este año en el país se registraron casi 1.900 homicidios intencionales (11 por cada 100.000 habitantes), frente a cerca de 1.400 de todo 2020, según el gobierno. Las provincias más preocupantes en cuanto a cifras de asesinatos se concentran en la costa, encabezadas por Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro y Esmeraldas.

Pese a que el gobierno ha reiterado que la seguridad es una prioridad, las cifras muestran un aumento de los delitos de forma global, destaca el diario quiteño El Comercio. Desde enero hasta agosto de 2020 hubo 12.475 robos a personas, mientras que en el mismo período de este 2021 se registraron 16.017. Es decir, un aumento del 28,4%, según datos del Ministerio de Gobierno. En el caso de los robos a viviendas, también se ve un alza: de 4.461 el año pasado a 5.178 este 2021 (16%). En lo que respecta a la sustracción de vehículos, el año pasado fueron 2.676 y en este año se reportaron 4.231 casos (58%).

“En el país hay una inmensa crisis económica, disparada por la pandemia, que agravó los niveles de criminalidad, no solo aquellos vinculados con la delincuencia común por robos y asaltos, sino sobre todo los relacionados con el tráfico de armas, drogas y lavado de dinero”, explica a La Tercera Wladimir Sierra, académico de la Escuela de Sociología y Ciencias Políticas en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

“La operación de carteles mexicanos, asociados a estructuras criminales locales, han disparado los niveles de violencia en el Ecuador, introduciendo formas de sicariato y ajusticiamientos desconocidas en el país. Como consecuencia de estos dos fenómenos tenemos altos índices de inseguridad, criminalidad y violencia”, agrega Sierra.

Si bien el Parlamento de Ecuador aprobó una investigación para determinar si Lasso violó la ley al mantener dinero en paraísos fiscales, como lo revelaron los Pandora Papers, Sierra asegura que este caso no ha afectado mayormente la valoración del presidente, ya que “lo que estos papeles mostraron ya se sabía en el país”. “Hay temas más importantes en la agenda política que están mermando de mayor manera su popularidad, como el incremento en los precios de los combustibles, la incapacidad de negociar con la Asamblea y los movimientos sociales, una propuesta de política fiscal direccionada a la clase media, la no existencia de políticas claras para enfrentar el desempleo, el descontrol en el sistema penitenciario y, por supuesto, los altos niveles de inseguridad ciudadana”, sostiene el experto.

Al respecto, el estado de excepción nacional decretado por Lasso, que restringe derechos como el de asociación y reunión, entre otros, generó suspicacias y rechazo entre indígenas y sindicalistas que han convocado a jornadas de protesta contra la política económica del gobierno y el sistemático aumento del precio de los combustibles, destacó The Associated Press.

Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la mayor de su tipo en el país, dijo que “hay preocupación porque el gobierno no está resolviendo los problemas económicos y sociales por los que la gente está movilizándose, más bien pretende aplacar la reacción de la población ecuatoriana instalando una visión más militar”. “Creemos que el problema de la delincuencia es real, pero la delincuencia no la resolvemos poniendo más militares, más policías, ni armándolos más”, señaló.

Gremios de campesinos y agricultores cumplieron el lunes protestas en cuatro provincias del país, bloqueando carreteras en demanda de precios sustentables para sus productos y en contra del alza mensual del precio de la gasolina, una de las cuales se ha incrementado en poco más de un año de 1,48 dólares por galón a 2,50 dólares.

La Conaie, sindicalistas, campesinos y otros sectores sociales han convocado para el 26 de octubre a jornadas de protesta contra las políticas económicas de Lasso, pero especialmente el congelamiento del precio de los combustibles. El presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador, José Villavicencio, publicó en su cuenta de Twitter que el “Presidente Lasso no se equivoque, el estado de excepción no acallará la movilización del pueblo ecuatoriano”.

Ante los cuestionamientos, el viceministro de Gobernabilidad, Juan Manuel Fuertes, aseguró que el estado de excepción nada “tiene que ver con estos anuncios de movilizaciones que han formulado algunos sectores de la sociedad”.

La confederación dirigida por Iza, que participó en revueltas sociales que derivaron en el derrocamiento de tres gobernantes entre 1997 y 2005, lideró en 2019 violentas protestas contra la eliminación de subsidios a los combustibles, que dejaron 11 muertos y obligaron al entonces mandatario Lenín Moreno a dar marcha atrás.