Las personas que deseen cambiar de género en España ya no tendrán que someterse a exámenes médicos y psicológicos ni a años de tratamiento hormonal si el proyecto de “Ley para la igualdad plena y efectiva de personas trans”, presentado el miércoles por el Ministerio de Igualdad, se convierte en norma. Sin embargo, la iniciativa, cuya aprobación está incluida en el acuerdo de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos, ha abierto otra brecha entre los socios de la coalición oficialista.

La “Ley de Transexualidad” y su gemela, la “Ley LGBTI”, estarán listas para ser revisadas por el gobierno a mediados de febrero, dijo el Ministerio de Igualdad. En la actualidad, España exige que las personas transexuales se sometan a un tratamiento hormonal durante dos años antes de poder cambiar su género en los registros administrativos, una condición previa criticada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Si bien un representante del Ministerio de Igualdad, dirigido por el partido izquierdista Unidas Podemos, dijo a Reuters que el Estado no debería “someter a las personas trans a un chantaje” de esta manera, algunos medios españoles aseguran que algunos ministros del Partido Socialista de Sánchez no están a favor de permitir que las personas declaren su propio género.

Estas discrepancias quedaron de manifiesto este jueves, cuando Carmen Calvo, la vicepresidenta primera del gobierno de Sánchez, defendió la importancia de la “seguridad jurídica” en esta norma y se refirió a uno de los puntos clave que constan en el borrador del Ministerio de Igualdad: la posibilidad de que los mayores de 16 años puedan cambiar el nombre y el sexo en el Documento Nacional de Identidad (DNI) sin más requisitos que la “declaración expresa” de la persona, es decir, la llamada libre autodeterminación de género, según consigna el diario El País.

“A mí me preocupa fundamentalmente la idea de pensar que el género se elige sin más que la mera voluntad o el deseo, poniendo en riesgo, evidentemente, los criterios de identidad del resto de los 47 millones de españoles. Eso tendrá que tener unas garantías, una estabilidad y unos criterios, como tiene el Derecho, en términos de seguridad en otros países”, afirmó Calvo en una entrevista con la cadena SER.

En respuesta, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, reprochó los argumentos “crueles y agresivos” contra el colectivo trans surgidos tras conocerse el borrador de la norma. “Esto es sin duda sorprendente y nos lleva a preguntarnos si este debate no tiene que ver con que Unidas Podemos esté en el gobierno y, en concreto, en el Ministerio de Igualdad”, cuestionó el dirigente oficialista. Pese los roces con su socio de coalición, Echenique dijo que los debates con el PSOE sobre la normativa siguen en marcha y espera que lleguen a “buen puerto”.

De hecho, Calvo restó importancia a las discrepancias entre los socios del gobierno. “Unidas Podemos y el PSOE tienen en esto posiciones diferentes, pero bueno, las tenemos en otras cosas, de eso se trata, de que gobernamos juntos teniendo que resolver en muchas ocasiones posiciones contrapuestas, pero esta es la democracia, la vida misma”, señaló. “No me preocupan las discrepancias. Lo que me preocupa es que las resolvamos bien”, agregó.

El Ministerio de Igualdad lleva meses de reuniones con una veintena de colectivos LGTBI y trans para tratar los pormenores de la futura ley, cuyo borrador se basa en una iniciativa presentada por Unidas Podemos en 2017 y también en una ponencia de la Comisión de Justicia publicada en marzo de 2019, impulsada por el propio PSOE y respaldada por unanimidad.

Según Radio y Televisión Española (RTVE), dos son las claves de la futura norma que suscitan cierta polémica: la despatologización de las personas trans y que los menores de edad puedan cambiar de sexo en el registro. Las personas trans defienden que estas cuestiones son derechos humanos, pero una parte dentro del feminismo considera que la futura ley supone un retroceso en la lucha por la igualdad y puede perjudicar a los menores.

“Los borradores son una base sólida y con garantías jurídicas para construir un marco normativo fuerte en favor de la igualdad de derechos”, indicaron la Federación LGTB de España y otras asociaciones que defienden los derechos de las personas transexuales y no binarias en una declaración conjunta.

Muchos países occidentales se debate si la autodeterminación de género es la única forma de garantizar la igualdad de los transexuales y evitar los abusos sistémicos. Sin embargo, algunas feministas sostienen que ampliar el acceso a la identidad de género podría diluir la lucha de las mujeres contra las desventajas estructurales a las que se enfrentan. En ese sentido, algunas feministas históricas advierten que la nueva ley conlleve el “borrado de las mujeres”.

Lola Venegas, una de las portavoces de la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, que encabeza la histórica diputada socialista Ángeles Álvarez, explicó a RTVE el rechazo que le produce la futura ley: “Ir al registro y declararme mujer” sin haber pasado un proceso de cambio corporal “no es un derecho”. Cree que los derechos de las personas trans ya están recogidos en la ley de 2007.

En tanto, Confluencia Movimiento Feminista acusó este miércoles al Ministerio de Igualdad y a Unidas Podemos de estar detrás de una campaña de descrédito contra las entidades feministas que son críticas con las políticas del departamento encabezado por Irene Montero, especialmente con lo que se refiere a la Ley Trans.