En el último trámite que le restaba al proyecto de ley que amplía el plazo de hipótesis de flagrancia en delitos -que en su recta final estuvo a cargo del ministro de Justicia, Fernando Rabat- el secretario de Estado se llevó las felicitaciones de diversos diputados, de distintos sectores políticos.

La iniciativa fue aprobada por la unanimidad de los 125 diputados presentes.

El primero en destacar la gestión del jefe de la cartera de Justicia, fue el y jefe de la bancada del Partido Socialista, Raúl Leiva.

“En primer lugar, quiero reconocer el trabajo del Ministerio en particular del señor ministro de Justicia, el señor Rabat, al poder tramitar este proyecto, tener la capacidad de escuchar, de entender qué sienten personas que tenemos sensibilidades distintas en materias de seguridad y en materia legislativa”, partió diciendo en la sala el diputado Leiva.

“Por eso -agregó el socialista- quiero valorar, reconocer y agradecer la disposición del señor ministro de Justicia en la tramitación de un proyecto que puede ser muy complejo, pero cuando existe disposición al diálogo, a escuchar, a atender, no obsecuencia, sino capacidad de diálogo político y democrático surgen proyectos de ley aprobados con este nivel de unanimidad”.

El presidente de la Comisión de Constitución, Jaime Mulet (FRVS) -quien ha tenido un estrecho trabajo legislativo con el ministro producto de que en dicho espacio legislativo se ven las materias relacionadas a la justicia-, aseguró que “el ministro ha ayudado porque es un hombre que tiene un conocimiento profundo del derecho y provoca un diálogo fluido en estos temas que son propiamente jurídicos”.

“Es muy natural que el ministro de Justicia aborde este tipo de proyectos, más allá de que puedan estar en la Comisión de Seguridad o ser parte de la agenda de seguridad pública, porque estos son proyectos de carácter técnico”, añadió Mulet.

La diputada Lorena Fries (FA), quien integró la comisión mixta que terminó de despachar el proyecto, si bien aseguró que para la izquierda el proyecto “no era un complejo ideológico”, agregó que “el ministro de Justicia es un hombre que sabe de derecho y eso facilita el diálogo que se pueda realizar, incluso, desde posturas tan distintas que pueda tener el ministro y yo en materias de procedimiento penal”.

El diputado José Montalva (PPD), en tanto, consideró que “el ministro de Justicia ha mostrado disposición a escuchar para corregir y avanzar legislativamente, y eso hay que valorarlo”.

“Confío en la forma que ha tenido el ministro Rabat, porque avanza, pero escucha y permite generar grandes consensos, que es lo que necesitamos en la cartera de justicia.

Junto con ello, y en una abierta crítica al ministro de Seguridad, Martín Arrau, (republicano), Montalva afirmó: “Necesitamos más Rabat para avanzar en seguridad y menos Arrau”.

En una línea similar, el diputado Héctor Barría (DC), señaló que “uno tiene críticas hacia otros actores del gobierno, pero en este caso el ministro ha puesto la pelota al piso”.

“Cuando hay figuras políticas relevantes que hacen bien el trabajo, el gobierno debiera darles más alas para seguir avanzando”, añadió Barría.

El jefe de la bancada de diputados del Partido Republicano, Benjamín Moreno, consideró que Rabat “ha mostrado una capacidad política bien importante, es capaz de dialogar, llegar a acuerdos, está mostrando la capacidad que tienen los distintos ministros cuando van agarrando el rodaje necesario”.

El proyecto

En lo medular, la iniciativa contempla aumentar el plazo de hipótesis de flagrancia de 12 a 24 horas -plazo que se considera que se está perpetrando un delito o que aún hay pruebas suficientes para sospechar que se cometió-, además de conferirles facultades autónomas a las policías para concretar acciones, entre ellas la recopilación de pruebas o toma de declaraciones, sin autorización de un fiscal.

El texto considera, asimismo, otorgarle a la autoridad marítima estas facultades, pero con un plazo de 48 horas, dado que, según se consideró en la discusión legislativa, los traslados de las embarcaciones son más lentos.

En clave política, la importancia de este paso en la Cámara Alta dice relación con que se transformó en el primer proyecto de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) en ser despachado a ley.

El escenario previo a la votación en la Cámara era auspicioso, dado que el respaldo en la comisión mixta -conformada por diputados y senadores que destrabaron las divergencias entre ambas cámaras- fue unánime, desde el Partido Republicano hasta el Frente Amplio.