Quedan exactamente 33 días para que se cumpla el plazo que definió la Corte Suprema para implementar el fallo que mandata a las aseguradoras a aplicar la nueva tabla de factores a todos los afiliados y restituir los cobros en exceso, y aún las autoridades sanitarias no han ingresado el proyecto de ley para viabilizar la decisión de la última sala. Este lunes la ministra vocera, Camila Vallejo, afirmó que al proyecto solo le falta la revisión técnica de Hacienda, y que será ingresado la semana del 8 de mayo, poselección de consejeros constitucionales.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que confirmó que el Ejecutivo no solicitará más plazo a la Suprema para aplicar el fallo, pues con el ingreso del proyecto daba por cumplido el mandato. “En la medida en que ya tengamos la presentación del camino que se va a seguir, damos cumplimiento al paso más importante, pero todo esto se va evaluando en el camino si se requiere observar más, o más tiempo para poder darle espacio al Congreso Nacional en su tramitación. Será algo que se evaluará”, señaló Vallejo.

Este pronunciamiento no está exento de debate, pues la interpretación que el gobierno hace respecto del hito que marca la implementación del fallo no es unívoca y así como hay quienes la respaldan, otros expertos no la comparten.

El profesor de Derecho Constitucional y Administrativo de la U. San Sebastián, Jorge Barrera, concuerda con la postura oficialista: “Si nos vamos a lo estrictamente ordenado por la Corte Suprema, en efecto la autoridad está determinando la forma de hacer efectiva la adecuación”. “Y dicha forma es por vía legal, pues la Superintendencia carece actualmente de competencias para realizar un cálculo completo que incluya la deuda retroactiva. Por lo que, en consecuencia, habiéndose definido por la autoridad la necesidad de una norma legal habilitante, sumado al ingreso del proyecto del ley por parte del gobierno, se podría entender preliminarmente cumplido lo ordenado por la Corte Suprema”.

William García, socio de Sarmiento & Walker y profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Diego Portales, coincide. “La interpretación del gobierno es correcta, porque es muy extraordinario que se imponga un mandato de este tipo al gobierno, es decir, en el ordenamiento jurídico no existen obligaciones de presentar proyectos de ley, salvo casos muy excepcionales. Entonces, el gobierno puede comprometerse o asumir una obligación sobre aquello en lo cual tiene control, y desde luego el gobierno puede asumir un compromiso y ser obligado a presentar el proyecto y esforzarse de buena fe para que el proyecto prospere, pero el resultado que se puede esperar de eso es bien incierto, pues depende de factores ajenos al gobierno”, plantea.

Otra visión tiene Elías Barrientos, abogado y magíster en Derecho con mención en Derecho Regulatorio y profesor adjunto de la Universidad de Viña del Mar, quien asegura que para dar por cumplido el fallo, la ley tiene que estar aprobada y la Superintendencia de Salud debe determinar las cantidades.

“Si el gobierno presenta un proyecto de ley que contenga, primero, cuál va a ser el plazo para que todas las isapres puedan aplicar una sola tabla de factores, sin exclusiones; segundo, en qué plazo las aseguradoras van a poder devolver, vía prestaciones o en excedentes, el monto cobrado indebidamente a su afiliados, y tercero, cuál será el mecanismo que debe fijar la Superintendencia de Salud y que será utilizado por las isapres para devolver los cobros en exceso que han realizado a sus afiliados, estaría cumpliendo con el fallo pronunciado por la Corte Suprema”, afirma.

Juan Francisco Sánchez, especialista en Derecho Público, socio de la firma Valdivia Legal, también comparte que el proyecto por sí solo no termina de cumplir lo mandatado por la Suprema: “El fallo tiene un destinatario en particular y es la Superintendencia de Salud, y este organismo no tiene la atribución legal para enviar proyectos de ley. Entonces la Corte Suprema estimó que este fallo podría cumplirse por la Superintendencia sin la necesidad de enviar un proyecto. El gobierno siempre puede regular esto por ley, pero el enviar un proyecto en el sentido anunciado el lunes no obsta que la Superintendencia deba cumplir con este fallo con el plazo establecido de seis meses”.

Una vez ingresada la iniciativa al Congreso, la Tercera Sala del máximo tribunal tendrá que pronunciarse nuevamente y, según conocedores del caso, habría tres opciones: que entiendan por cumplido el fallo; que tomen conocimiento, pero que posponga un pronunciamiento hasta tramitado el proyecto; o que entiendan que hay incumplimiento. Ante este último escenario, en los pasillos de la Corte Suprema comentan que el Ejecutivo tendrá que demostrar cómo y por qué entienden que presentando el proyecto dan por cumplido lo ordenado.

Entre los parlamentarios que conforman las Comisiones de Salud y que han trabajado con la ministra Ximena Aguilera para implementar el fallo, también causó ruido lo que confirmó la ministra Vallejo el lunes. De hecho, el senador Juan Luis Castro (PS) inició la reunión de esa instancia al día siguiente afirmando que “lo que no se compadece, a mi modo de ver, es que la aplicación del fallo sea una situación previa a que haya ley, lo que además me parece bastante extraño, pues la ley es la llave maestra para poder operativizar el fallo”. E incluso agregó que “yo no quisiera que se pensara que el Senado es un buzón donde se viene a depositar un proyecto y se da por tarea cumplida. Eso ni ante la Suprema ni ante al país sería compatible con el deber del Estado”.

El diputado y presidente de la comisión de la Cámara Baja, Tomás Lagomarsino (PR), es categórico y asegura que no sabe dónde el gobierno sacó esa interpretación. Además, le preocupa la nueva fecha de presentación del proyecto, pues deja al Poder Legislativo con poco tiempo para tramitar la ley.

“Me preocupa que la interpretación que hace el Ejecutivo no sea la real, y se necesita contar con más información de la Corte Suprema. El fallo plantea que se da por cumplido una vez está el instructivo publicado y eso no va suceder”, apunta. Al mismo tiempo, asegura que como Cámara Baja harán todo lo posible para que su discusión sea rápida: “Nosotros vamos a buscar tramitarlo de la forma más expedita y responsable posible, pero con tiempos muy acotados, y eso no es responsabilidad del Congreso, es del Ejecutivo”.

El diputado Eric Aedo (DC) también cuestiona la decisión del gobierno y sostiene que “eso se llama sacar las castañas con la mano del gato, porque en definitiva eso no va resolver nada, simplemente deja la situación en statu quo y deja la misma incertidumbre. Están tomando una decisión que es meramente formal, no entran al fondo de la situación. Lo que buscan con eso es que el Congreso resuelva un problema que el Ejecutivo no se atreve a resolver y yo diría que por cuestiones ideológicas”.

Mientras que el senador y presidente de Revolución Democrática (RD), Juan Ignacio Latorre, añade que “tengo una muy buena opinión del profesionalismo y seriedad con la que trabaja la ministra de Salud, Ximena Aguilera. En la ley corta de isapres ella ha tenido un rol de liderazgo y diálogo con distintos actores para concretar la línea que marcó el Presidente Gabriel Boric de que no debe haber perdonazos a las isapres ni tampoco maximalismos irresponsables que pongan en riesgo el sistema sanitario y la prestación de servicios a las personas, dar certezas a la gente. Creo que el proyecto que presentará el gobierno se hará cargo de esa línea”.

El senador Francisco Chahuán (RN), quien es miembro de la Comisión de Salud del Senado, recalca que “es una interpretación antojadiza que no guarda relación con lo que se entiende por cumplimiento o fallo. Yo creo que al gobierno le hace falta urgente asesoría jurídica, porque la Corte Suprema pide que a finales de mayo el tema esté resuelto”.