A partir de mañana entra a regir la veda que en materia de encuestas contempla la Ley de Votaciones Populares y Escrutinios, la cual dispone que en un plazo de 15 días anterior a una elección o plebiscito no se podrán difundir pronósticos electorales.

Esta prohibición, introducida en 2016, supuestamente busca proteger a los electores de verse expuestos en la antesala de una elección a pronósticos que puedan ser intencionalmente manipulados -por ejemplo, a través de preguntas sesgadas- o cuyas metodologías no resulten confiables. Es una forma de intentar asegurar una suerte de período de “reflexión”, en la idea de que la ciudadanía pueda reflexionar con más calma su voto, sin un bombardeo mediático.

Si bien los períodos de “blackout” existen en varios países del mundo, la veda de 15 días que tenemos en Chile se ubica entre las más extensas del mundo -en Europa cerca del 50% de los países establece umbrales entre 1 y 6 días-, lo que desde ya obliga a replantear esta prohibición, porque evidentemente no guarda correspondencia con los estándares internacionales, y es un hecho que tampoco se condice con las bases de nuestro ordenamiento institucional, que garantiza la más amplia libertad de expresión y sin censura previa.

Pero la razón de fondo para revisar cuanto antes esta prohibición radica en que, tal como está formulada, en la práctica lo que se está haciendo es impedir que los medios de comunicación puedan informar sobre las encuestas, porque es un hecho que a través de las redes sociales o sistemas de mensajería seguirán circulando todo tipo de pronósticos sin ningún tipo de restricción o control. Con esta extensa veda lo único que se logra es facilitar el trabajo de quienes buscan difundir contenidos falsos, manipulados o carentes de rigor técnico, porque se está excluyendo del juego a las únicas instancias que cuentan con capacidad para verificar la confiabilidad de los contenidos y que a su vez permiten que estos se puedan contrastar públicamente. Es fácil darse cuenta que esta restricción legal deja expuestos a los electores a todo tipo de manipulaciones, considerando que para un ciudadano común y corriente cada vez resulta más difícil discernir entre información veraz de aquella que no lo es.

En la medida que los medios puedan seguir difundiendo pronósticos electorales se reduce también el riesgo de la asimetría de información, pues durante las vedas se siguen haciendo encuestas y por tanto sus resultados solo podrán ser conocidos por algunos, lo que resta espacios para un voto más informado y entrega a algunos electores ventajas sobre otros.

Resulta extraño que frente a la amenaza que la información falsa o manipulada representa para las democracias modernas, no exista un mayor ímpetu para terminar con vedas anacrónicas y facilitar que existan procesos electorales mucho más informados. Las encuestas son parte de esos insumos, y estará en cada elector determinar si considera que estas le resultan útiles en su proceso de decisión.