La dimensión de inseguridad por la que atraviesa el país -marcada por el aumento de los homicidios, la penetración del crimen organizado, la inmigración desbordada y delincuencia común- fue sin duda el aspecto más relevado en la campaña del Presidente José Antonio Kast, prometiéndose un drástico cambio de rumbo. Para dichos efectos se elaboraron una serie de ambiciosos planes, como “Escudo Fronterizo” -que contempla una batería de medidas para impedir el ingreso ilegal por nuestras fronteras, así como deportaciones masivas de extranjeros en situación irregular-, el “Plan Implacable”, para combatir el crimen organizado -que entre otras medidas incluye cárceles de alta seguridad y la recuperación de zonas tomadas por la delincuencia-, o el plan “Fuerza Nacional”, que busca el aumento en el número de policías y un fuerte reforzamiento de sus capacidades.

Lo llamativo es que a pesar de lo prioritario que resulta poner en marcha medidas que den cuenta de lo que ha sido definido por el propio gobierno como una de las “emergencias” del país, en este primer mes la agenda de seguridad ha tenido escasa visibilidad, salvo algunas zanjas que comenzaron a construirse en la zona norte, el impulso legislativo a determinados proyectos de ley o el primer vuelo con 40 deportados, que se espera tenga lugar hoy. Todo ello en un contexto donde preocupantes delitos, como es el caso de los homicidios, siguen en niveles altos: desde que asumió el gobierno, y hasta el mediodía del 12 de abril, se habían registrado 97 víctimas de homicidio, dos más que el mismo periodo de 2025.

Lo irónico es que si bien la agenda de seguridad ha estado ausente de la agenda pública, no ha sido el caso de la ministra de Seguridad, quien ha protagonizado una serie de polémicas que la han alejado de su quehacer, siendo el caso de la remoción de la jefa de inteligencia de la PDI lo que le abrió tanto a ella como al gobierno un flanco que ha resultado difícil de cerrar. Todo ello quedó reflejado en los resultados de un reciente estudio de Descifra, en la que se concluye que la secretaria de Estado no ha logrado un buen control de la agenda, pues solo un 44% de sus apariciones estuvo relacionado a los temas propios de su cartera.

Ahora que el gobierno ha buscado entrar a la ofensiva presentando ante el país los lineamientos del llamado plan de reconstrucción y reactivación económica -otro de los ejes de campaña-, los entrampamientos en que se ha visto envuelta la ministra de Seguridad deben quedar atrás y con igual intensidad deberían empezar a desplegarse las medidas comprometidas que permitan concentrar el quehacer del gobierno en esta dimensión fundamental, donde la responsabilidad de ello recae principalmente en la secretaria de Estado.

Por lo demás, la poca presencia del Ministerio de Seguridad ha obligado a otros ministerios a tener que asumir parte de esta agenda. Es lo que se ha visto, por ejemplo, en el caso de educación, donde la cartera respectiva, en vez de centrar sus esfuerzos en medidas que se hagan cargo de las falencias en nuestro sistema educacional, ha debido estar preocupada de la implementación de pórticos en los colegios o de impulsar medidas para evitar incidentes con armas al interior de los colegios -otro de los graves problemas en materia de seguridad-, desvirtuando su quehacer.