El ministro de Justicia, Fernando Rabat, llegó hasta la Comisión de Constitución del Senado para anunciarles a los senadores de esa instancia qué es lo que hará el gobierno con la reforma judicial que está en segundo trámite legislativo y cada vez más cerca de ser despachada por el Congreso.

En la instancia, Rabat informó que el planteamiento del Ejecutivo es no tocar en mayor medida los nombramientos de los supremos, pero que sí tiene interés en acotar los plazos para evitar negociaciones infinitas y el desprestigio de los candidatos.

Rabat dijo que la propuesta implica que el concurso para los supremos se debe abrir 90 días antes de que jubile el ministro, para que así el máximo tribunal no quede con escasez de integrantes. El pleno de la Suprema elaborará la quina y el Ejecutivo tiene 15 días para nominar a un candidato.

La innovación viene en que el Senado tiene 30 días para votar y, si no lo hace, se entiende aprobado el candidato del gobierno. En caso contrario, si el Senado rechaza la propuesta, el supremo se elegirá por sorteo entre el resto de los otros cuatro candidatos de la Suprema.

Rabat dijo que la incorporación del factor sorteo puede sonar puede “disruptivo”, pero el ministro dio ejemplos de que el sistema institucional chileno ya lo tiene incorporado. Así por ejemplo se han designado ministros del Tribunal Constitucional (TC), en los cupos de designación de la Suprema, cuando ha habido empate de votos. Incluso es la forma en la que se eligen los supremos que integran el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel).

El giro de Rabat

Cuando asumió en su cargo, Rabat anunció que él no era partidario de los consejos de la magistratura. Esto, debido a las experiencias comparadas en que estas instancias han sido cooptadas políticamente, razón por la cual el ministro quería pensar una fórmula que garantizara que el remedio era mejor que la enfermedad.

Sin embargo, luego de un trabajo prelegislativo con los senadores, Rabat cedió y confirmó la existencia de una instancia de esta naturaleza. “Quiero ser muy franco en esto. Nosotros no habíamos pensado en el Consejo de Nombramientos, no nos parecía que fuera correcto, pero luego de la sesión que tuvimos la semana pasada con la presentación que efectuamos y las conversaciones que he tenido con distintos senadores, nos pareció correcto dejar para el resto de los miembros del escalafón primario del Poder Judicial el Consejo de Nombramientos”, dijo el jefe de Justicia.

Eso quiere decir que para todos los otros nombramientos, es decir, fiscal judicial de la Corte Suprema, ministros y fiscales judiciales de las cortes de apelaciones y el resto de los jueces de instancia, existirá participación del futuro Consejo de Nombramientos Judiciales (CNJ). Esta instancia elaborará una terna jerarquizada por puntaje y el Ejecutivo tiene 15 días para nombrar.

Según la propuesta de Rabat, el futuro CNJ tendrá siete integrantes. Su composición será presidente de la Corte Suprema, dos ministros de corte de apelaciones elegidos por sorteo, tres jueces letrados también por sorteo y un representante designado por el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, elegido por sorteo entre quienes hayan ejercido como decano de una facultad de Derecho.

Los ministros de corte y jueces de instancia que integren el CNJ dejarán de ejercer labores jurisdiccionales, por lo que su función quedará dedicada por completo a esta nueva labor.

De esta manera el Ejecutivo pedirá al Senado que pueda abrir un nuevo plazo para presentar estas indicaciones. De esta manera los senadores podrán continuar con la discusión en particular para que luego esto sea resuelto en sala.