El informe final de la Contraloría sobre el programa de entrega de útiles escolares 2024 por parte de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) estableció la ocurrencia de una serie de fallas, a partir de lo cual se abrió un procedimiento administrativo.

Entre las falencias más relevantes, el ente contralor estableció que la Junaeb entregó de forma tardía los kits de útiles escolares para el periodo académico 2024. A pesar de que el año escolar se inició en marzo, la entrega de los kits -que corresponden al 100% de los estudiantes matriculados en establecimientos públicos y a los de mayor vulnerabilidad de colegios particulares subvencionados- comenzó recién el 26 de julio de 2024, constatando que al 6 de septiembre se registraba solo un 34% de distribución de materiales, esto es, habría un total de 1.425.852 kits faltantes por distribuir. También detectó que los kits escolares no alcanzaron para todo el año ni para todas las materias.

En respuesta al informe de Contraloría, la Junaeb señaló que tras el retraso, el proceso se completó en su totalidad durante 2024, mientras que el proceso correspondiente a este año “se cerró con éxito, finalizando en abril la distribución de más de 25 millones de útiles escolares”.

Sin perjuicio de que se haya logrado completar la entrega de útiles escolares, la declaración de la Junaeb no se hace cargo de la grave anomalía que implica que durante varios meses un enorme volumen de estudiantes no pudo contar con todos sus útiles escolares, y en algunos casos la entrega se produjo cuando buena parte del año escolar ya había transcurrido, algo que es de su entera responsabilidad. La Junaeb ha atribuido el retraso a los problemas que se enfrentaron en el primer proceso de licitación, sin asumir que este se declaró desierto porque el único oferente que reunía los requisitos presentó lápices de colores con forma triangular y no hexagonal, como se requería en las bases. Resulta ciertamente difícil de comprender los insólitos criterios con que se han elaborado dichas bases, así como la lentitud para subsanarlo a tiempo, revelando que hay serios problemas de gestión al interior del organismo.

La educación pública atraviesa por una serie de dificultades estructurales que naturalmente afectan la calidad de los procesos educativos y el derecho a recibir una educación de calidad. Violencia en liceos emblemáticos, frecuentes paros de profesores, dificultades con el proceso de traspaso a los SLEP y un rezago respecto de los rendimientos académicos que se obtienen en la educación privada son parte de estos problemas, a lo que se agrega la tarea de lograr la revinculación de miles de alumnos que han desertado del sistema, además de recuperar íntegramente los aprendizajes perdidos durante la pandemia. Es escandaloso que a todo esto se agregue la falta de entrega oportuna de útiles escolares -insumos que son básicos para los procesos de aprendizaje- producto de incompetencias.

Si ya es preocupante que la Junaeb haya fallado de esta manera, es igualmente inquietante que a ninguna autoridad parezca inquietarle demasiado el grave daño que esto provoca en los alumnos -ciertamente cabría esperar un pronunciamiento del ministro de Educación, pues la Junaeb depende jerárquicamente de dicha repartición-, como tampoco el hecho que se produzca una desigualdad de trato tan manifiesta respecto de lo que ocurre en los colegios privados.