Es evidente que los esfuerzos del gobierno, así como del Congreso, han estado puestos en sacar adelante la ley de Reconstrucción, atendida la emergencia que se vive en materia de desempleo y por la necesidad imperiosa de reactivar el crecimiento económico. Con todo, es importante no perder de vista que en la agenda pública siguen aguardando otras materias que ameritan ser retomadas apenas las condiciones así lo permitan, una de las cuales es avanzar en aquellas reformas al sistema político que llevan largo tiempo aguardando y que son indispensables para mejorar la calidad de nuestra democracia.

Hay una ventana inmejorable para abordar estas reformas, ya que el ciclo electoral recién se retomará en octubre de 2028, con las elecciones municipales y regionales, lo que da tiempo a los partidos para poder abordar con calma estos cambios. Pero hay otro elemento clave, y es que en este tiempo también han ido avanzando una serie de reformas -tanto en la Cámara como en el Senado- que apuntan a hacer más exigentes los requisitos para constituir partidos políticos y para la inscripción de candidaturas independientes, como también para desincentivar la práctica del “discolaje”. Aun cuando dichas reformas no agotan los cambios que requiere nuestro sistema político, en lo grueso avanzan en la dirección de poner freno a la atomización que hoy caracteriza a nuestra política. Con una veintena de partidos en la Cámara, y con parlamentarios que van transitando de una colectividad a otra o que a su vez deciden impulsar sus propios movimientos políticos, las negociaciones para lograr grandes acuerdos se tornan cada vez más complejas, al tener que negociar con múltiples actores, cada uno con sus petitorios.

Es posible que las reformas al sistema político no formen parte de la agenda que en este momento tiene el gobierno -que ha evitado por ahora agilizar la tramitación de estos proyectos-, porque no se avienen al concepto de “emergencia” que caracteriza a esta administración, pero el hecho que desde el propio oficialismo estén surgiendo presiones para retomar prontamente esta agenda debería llevar a una reconsideración, pues finalmente no son temas excluyentes y apuntan a una misma finalidad.

Desde luego, una de estas iniciativas está muy cerca de convertirse en ley, que es la llamada “reforma Elizalde”, en alusión al proyecto que promovió el exministro del Interior Álvaro Elizalde bajo la administración del Presidente Boric. Esta ya se encuentra aprobada tanto en la Cámara como en el Senado, y solo un aspecto quedó pendiente de ser resuelto en una comisión mixta, la que todavía no se conforma y donde el gobierno de momento tampoco ha insistido por la vía de las urgencias.

Los contenidos de esta propuesta constituyen un avance; por de pronto, para constituir partidos se elimina el requisito de poder constituirse en tres regiones contiguas, estableciendo que deberán hacerlo en ocho; asimismo, se aumenta el número de militantes requeridos, pues del 0,25% de quienes votaron en la última elección de diputados, se eleva al 0,3% del padrón total en dichas regiones -cabe lamentar en todo caso que este aspecto se haya licuado un poco, pues se contemplaba el 0,5%-, lo que en todo caso supone requisitos más exigentes y que deberían ser un primer freno para la proliferación sin control de partidos. Para efectos de poder acceder a los aportes estatales los partidos deberán contar con representación parlamentaria, y si un diputado o senador abandona el partido por el cual fue electo, dicha colectividad seguirá recibiendo íntegramente el aporte que estaba asociado a los votos que obtuvo el díscolo, los que no se traspasarán al nuevo partido. Vale la pena hacer un esfuerzo para retomar el trámite que queda pendiente -que no debería ser complejo- y aprobar cuanto antes dicho proyecto.

A su vez, un grupo transversal de senadores había presentado una reforma constitucional para reformar nuestro sistema político, el que ya fue aprobado en el Senado, pero que no ha registrado avance en la Cámara. Este contempla una disposición clave: establecer un umbral de 4% de los votos válidamente emitidos a nivel nacional -o bien sumar como mínimo cuatro parlamentarios entre los vigentes y los senadores que ya estén en ejercicio- para poder acceder a representación parlamentaria en la Cámara de Diputados. Un poco más controversial resulta la norma “antidíscolo” que contiene, en orden a que el parlamentario que abandone el partido por el cual fue electo perderá el escaño, lo mismo para el caso del independiente que habiendo sido elegido como asociado a un partido político, se afilie a otro distinto. Hay quienes ven aquí la posibilidad de que se “intervenga la urna”, al cesar a un parlamentario que fue electo, pero en todo caso el espíritu de fondo que se busca apunta en la dirección correcta.

Hacer más exigentes los requisitos para constituir partidos, condicionar las asignaciones, establecer umbrales y sancionar el discolaje son todas medidas correctas, pero en una segunda fase vale la pena explorar otros cambios que también se hacen muy necesarios. Uno de ellos es desincentivar la elección de parlamentarios con muy bajas votaciones; en la Cámara cunden los ejemplos de diputados que han sido electos con menos del 5% de los votos, es decir, se trata de legisladores con escasa representatividad y que alimentan la atomización. Un aspecto que contribuye a ello es la asignación de escaños que hoy contempla nuestra legislación, donde los distritos deberán tener como mínimo tres diputados y un máximo de ocho, techo que resulta elevado.

Ahora que el Servel ha redefinido recientemente la asignación de los 155 escaños de diputados en función del Censo 2024 –ello en función de la obligación que mandata la ley electoral-, abre la oportunidad para revisar la actual configuración. Un estudio de LyD, sin bien considera valioso el paso que ha dado el Servel, recordaba que en la elección de 2025 cinco distritos eligieron a ocho diputados. En dos de ellos fueron electos parlamentarios con menos del 3%. En la elección de 2029, el número de distritos que eligen ocho diputados se duplicará -pasarán a ser 10-, lo que según el informe exacerbará el problema al posibilitar salir electo con un porcentaje muy bajo de votos.

El informe propone explorar la posibilidad de aumentar el número de distritos que elijan un número más acotado de representantes, lo que tiene sustento en las cifras. Esto porque a mayor cantidad de escaños en un distrito, la cantidad de votos que se requieren para obtener un cupo será menor. Así, por ejemplo, en un distrito que elige tres representantes, el umbral implícito para ser electo es de 25%; en uno que elige ocho, en cambio, se reduce a 11%.

Un efecto similar se podría lograr si se mantiene el número de distritos pero se reduce la cantidad de parlamentarios a elegir. Un grupo de parlamentarios oficialistas ya evalúa la posibilidad de presentar un proyecto de reforma constitucional para reducir el número de diputados, lo que abre una nueva ventana para poner estos temas sobre la mesa.