Durante más de una década el país buscó aprobar una reforma que se hiciera cargo de aquellos desafíos impostergables en materia de pensiones: aumentar la tasa de cotización, como condición indispensable para mejorar el monto de las futuras jubilaciones; cerrar gradualmente la brecha entre las pensiones que reciben hombres y mujeres, y lograr un mejoramiento de las actuales pensiones. Pese al amplio consenso en torno a estos objetivos, las fuertes diferencias entre los principales bloques políticos respecto de cómo lograrlo -que en algún momento se hicieron insalvables- dilataron durante mucho tiempo un acuerdo. La reforma que se aprobó a comienzos de este año fue en ese sentido un hito, que no estuvo exento de altos costos políticos, tanto en la oposición -que ocasionó fracturas producto de que algunos vieron en ello una “traición” a los principios- pero también en el oficialismo, porque la reforma mantuvo en pie la capitalización individual -sin duda la piedra angular del sistema- y las AFP.

El reciente informe de la OCDE “Pensions at a glance” ha resaltado los importantes beneficios de la reforma aprobada en Chile, lo que desde luego ayuda a ir centrando la atención en los aspectos positivos de este paso, así como en los desafíos que siguen pendientes. Desde luego, el informe pone de relieve el significativo aumento que esta reforma implicará en materia de tasa de reemplazo, dejando a Chile a solo dos puntos de la media de la OCDE.

Nuestro país ya había dado pasos en este aspecto con la aprobación de la Pensión Garantizada Universal (PGU), lo cual fue destacado en el informe anterior (2023), ya que ello le permitió al país subir seis puestos en el ranking referido a tasa de reemplazo a nivel del bloque, y gracias a los cambios recientemente introducidos, Chile subió otros nueve lugares. Todo ello se traduce en que, de acuerdo con las proyecciones de la OCDE, a futuro los hombres que perciben un salario promedio recibirán una pensión neta equivalente al 61,3%, mientras que en el caso de las mujeres alcanzará a 61,1%.

El informe también destaca los cambios introducidos para cerrar las brechas respecto de las pensiones que reciben las mujeres, donde estos beneficios específicos permitirán compensar el hecho de que su expectativa de vida es superior a la de los hombres, y que aún se mantienen brechas salariales que merman la futura jubilación de las mujeres.

Con todo, uno de los temas que sigue sin ser abordado es la edad de jubilación de los trabajadores, aspecto que se ha mantenido inalterado desde que el sistema debutó a principios de la década del ’80. Particularmente la edad legal de jubilación en el caso de las mujeres (60 años) no guarda ninguna relación con la realidad que hoy exhibe el mercado laboral, ni con las expectativas de vida de la población, que en las últimas décadas han aumentado sustantivamente, y cuando las mujeres en promedio viven más que los hombres. Revisar estos parámetros se hace indispensable -especialmente cuando la propia OCDE advierte de la fuerte caída en la natalidad, lo que impondrá enorme presión sobre los sistemas de pensiones-, pero por ahora las consideraciones de orden político han pesado más que la evidencia y las recomendaciones técnicas.