El proyecto de ley “Escucha su Corazón”, que recientemente fue presentado a instancias de diputados del Partido Nacional Libertario -y que además cuenta con el patrocinio de parlamentarios del Partido Republicano- ha estado lejos de congregar apoyo mayoritario. Un reciente estudio de Cadem muestra que un 66% de los encuestados rechaza una iniciativa de este tipo -contra el 27% que la respalda-, en tanto que los partidos del oficialismo, así como el propio gobierno, han tomado abierta distancia, mientras que distintas voces de oposición han manifestado su rechazo frontal. También parece improbable que la iniciativa encuentre una tramitación expedita en la Cámara de Diputados, pues el presidente de la Comisión de Salud ya adelantó que no pretende ponerla en tabla próximamente, a menos que el Ejecutivo decida colocarle urgencia.

Más allá de que este proyecto de ley no parece tener destino, es un hecho que ha generado importantes repercusiones mediáticas, especialmente para sus impulsores, pero ello se ha logrado a costa de polarizar un tema altamente sensible como es el aborto, lo que claramente no resulta edificante para la sociedad.

A grandes rasgos, lo que el proyecto propone es que como parte de la información veraz, completa y objetiva que debe recibir una mujer que decide invocar alguna de las tres causales que permiten la interrupción del embarazo, el médico a cargo deberá informarle si, conforme a la edad gestacional, resulta detectable la actividad cardíaca del embrión o feto. En caso de que así sea, deberá ofrecerle a la mujer la oportunidad de escuchar los latidos, con una descripción objetiva de los mismos. La madre podrá declinar libremente este ofrecimiento, pero en caso de que así sea, el facultativo deberá negarse a practicar la interrupción del embarazo.

Es fácil advertir que lo que esta iniciativa persigue no se limita a proporcionar a las mujeres más alternativas de información de carácter optativo, sino derechamente a condicionar el ejercicio de facultades que ya están establecidas en la ley, obligando a someterse a un requisito tan cuestionable como lo es tener que forzosamente escuchar los latidos del feto, porque de lo contrario la prestación no se podrá llevar a cabo. Desde luego no se advierte qué nuevos antecedentes clínicos aportaría un acto de este tipo, pero también es inevitable preguntarse si el Estado tiene derecho a someter a una mujer a exigencias de esa naturaleza, que previsiblemente resultarán traumáticas.

Es válido que en una sociedad democrática aquellos grupos refractarios al aborto puedan expresar abiertamente sus puntos de vista, y están en su derecho a impulsar cambios legislativos en esa dirección. Lo que se habría esperado del PNL es que, si sus parlamentarios tienen la convicción de que las tres causales deben ser eliminadas, se hubiese presentado un proyecto que lo planteara derechamente en esos términos, y no tratar de hacerlo en forma oblicua, por la vía de poner trabas para el ejercicio de las causales ya existentes. Esta forma de tratar de influir en el debate público, mediante proyectos de ley sin destino, pero altamente mediáticos y que logran el efecto de polarizar, es una práctica de la cual los partidos deberían tratar de alejarse, y no alentar.