“¡Contrólese!... Uds. están controlados por un espíritu entre Tik-Tok y Carlos Marxs”, le espetó el senador Rodolfo Carter (Ind. republicano) a su par Danisa Astudillo (PS) en medio de la comisión mixta que se conformó para tratar de resolver el último nudo pendiente del megaproyecto de reconstrucción y reactivación.

“¡Contrólese Ud.!... Me está insultando”, le respondió la senadora socialista luego de que el exalcalde acusara la falta de “transparencia intelectual” de la oposición respecto del financiamiento de los municipios

A pesar de que la comisión que presidió el senador Javier Macaya (UDI) avanzó rápidamente para resolver el mecanismo de compensación del Fondo Común Municipal -que fue el único artículo que no logró aprobar este martes La Moneda-, aquella pelea terminó por tensionar la sesión, aunque algunos parlamentarios presentes tampoco se aguantaron la risa por la situación.

Previamente, el diputado Daniel Manouchehri (PS) se había retirado del encuentro, debido a que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, no se comprometió a incluir en esta reforma la reconstrucción de las regiones de Coquimbo y de Atacama. “El ministro nos dice, en la práctica, en el futuro veremos, vamos a ver..., no me satisface”, señaló antes de abandonar la sala, gesto que minutos después siguió Astudillo.

En todo caso, el ministro no se quedó callado y alcanzó a replicarle a Manouchehri. “Yo no dije, veremos y vamos a ver, sino que dije todo lo contrario, y fui taxativo en el esfuerzo que hace el gobierno en esas regiones (afectadas por el reciente temporal)”.

Cerradas las polémicas, la comisión finalmente despachó el informe que planteaba una nueva fórmula para compensar a los municipios, por 6 votos a favor, gracias a los votos del oficialismo: Macaya, Carter, la senadora Gatica (RN) y los diputados Agustín Romero (republicano), Flor Weisse (UDI) y Diego Schalper (RN). En contra se manifestaron Astudillo, la senadora Paulina Vodanovic (PS) y el diputado Jorge Brito (Frente Amplio).

Con ese paso, la Cámara de Diputados, que estaba convocada para votar a partir de las 17.30 h dos proyectos (uno sobre subsidios eléctricos y otro de patentes mineras), alcanzó a incluir en la tabla el punto pendiente de megarreforma, que tras un debate de una hora pudo ser votado y aprobado por 80 a favor (gracias al alineamiento del PDG y un par de la DC), 48 en contra y tres abstenciones.

La fórmula final propuesta por el Ejecutivo que al cierre de esta edición estaba siendo debatida por el Senado, en una sesión especial convocada esta tarde por la presidenta de la corporación, Paulina Núñez (RN), considera que la Tesorería General de la República (TGR) distribuya los recursos destinados a compensar la menor recaudación por la exención del pago de contribuciones, incluida en la megarreforma.

Así, cada municipio, según detalla el nuevo articulado, reciba “la misma proporción que les habría correspondido sobre la recaudación dejada de percibir, conforme a las reglas vigentes de afectación, distribución y participación de dicho impuesto”.

Además, para acceder a esta compensación, se pusieron dos requisitos, uno de transparencia y otro de eficiencias. Los municipios deberán mantener al día la información de recursos humanos ante la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda y reducir en un 30% los tiempos de tramitación de permisos respecto del promedio registrado entre 2023 y 2025.

Con este paso de la Cámara y la inminente votación del Senado, la megarreforma queda a un paso de ser ley.

Sin embargo, el gobierno ya anunció que está evaluando un par de vetos para eliminar algunos artículos aprobados por senadores y diputados, que no fueron del pleno gusto de La Moneda.

En el oficialismo mencionan que particularmente se buscaría borrar de la ley: 1) el derecho al olvido financiero por deudas; 2) y el impedimento de cobros de intereses sobre intereses (anatocismo).

En suspenso está la situación de otras dos normas sobre las garantías para el pago a 30 días para las pymes y la prohibición de cortar de servicios básicos, por no pago, en zonas siniestradas en Valparaíso, Ñuble y el Biobío.

No obstante, la Cámara de Diputados ya tomó un acuerdo -salvo que el Presidente de la República, en uso de sus facultades constitucionales, diga lo contrario, pues puede citar de urgencia al Congreso-, que estos vetos se comiencen a discutir al regreso de la semana distrital, es decir, a inicios de agosto.

Aunque el nuevo plazo no acomodó al ministro Quiroz, quien con el fin de atenuar la incertidumbre económica que generan estas reformas, era partidario de cerrar toda la etapa legislativa en julio, al menos el oficialismo se allanó a que al menos la etapa regular de tramitación del megaproyecto quedara resuelta esta semana. De hecho, una vez que el Senado vote el último nudo de esta iniciativa recién se podrá dar por “despachado a ley”, ya que se entiende que los vetos (observaciones, según el concepto formal de la Constitución) son herramientas fuera del marco normal.

No obstante para poder celebrar plenamente, el Ejecutivo aún tiene que sortear una etapa fuera del Congreso, pero igual de delicada, en el Tribunal Constitucional, ya que además de tres requerimientos presentados por la oposición, obligatoriamente el megaproyecto debe pasar por un control preventivo.

Si estas etapas se cumplen satisfactoriamente para La Moneda, la propuesta presencial se traduciría en la rebaja de impuestos a las empresas del 27% al 23%. También se adoptaría un sistema de reintegración tributaria que permite a los dueños descontar de sus impuestos personales lo que pagan sus sociedades. El texto aprobado por el Congreso también otorga la invariabilidad tributaria a partir de 10 de años para inversiones superiores a 50 millones de dólares.

Igualmente se modifican los procedimientos de evaluación ambiental y se entregan garantías a los inversionistas a los que los tribunales de justicia revoquen sus resoluciones favorables para sus proyectos.

Se modifica la franquicia tributaria del Servicio Nacional de Capacitación y el Empleo (Sence) para orientarlo a jóvenes y mujeres y se crea un crédito al empleo para empresas exportadoras y de tecnologías.